El presidente Luis Abinader se ha caracterizado por ser muy respetuoso de la justicia dominicana, lo cual ha dejado claro en innumerables ocasiones.
Una muestra de ello es que propició una reforma constitucional para reforzar la prohibición que pesa en su contra para buscar otro mandato presidencial, pero también para fortalecer la independencia del Ministerio Público.
No obstante, las denuncias que se vienen conociendo en torno a la situación del Seguro Nacional de Salud (ArsSENASA), han motivado al gobierno a remitir a la Procuraduría General de la República los informes oficiales que se tienen sobre los problemas financieros y de gestión en ese organismo.
La ARS SENASA juega un rol fundamental en el sistema dominicano de salud, ya que con la reforma del 2001, una gran parte de la población dominicana quedó sin (o con una muy pobre) cobertura de salud.
Después de la vida, la salud es uno de los principales derechos fundamentales en un Estado Social y Democrático de Derecho como el que los dominicanos nos comprometimos a edificar a partir de la proclamación de la Constitución de 2010.
El gobierno del presidente Luis Abinader ha duplicado la cantidad de dominicanos que hoy reciben cobertura de salud a través del seguro de SENASA. Pero es justo señalar también que esa cobertura ha sido ampliada, incorporando nuevos estudios y procedimientos, todo lo cual ha beneficiado a los afiliados, en su inmensa mayoría personas de escasos recursos.
Se ha denunciado una crisis financiera en ese ente público, caracterizada por retrasos en los pagos. Pero también se han puesto al descubierto estructuras de fraude contra el SENASA orquestadas por exempleados, médicos y algunas prestadoras de servicios. Otras denuncias aluden a contratos multimillonarios de servicios que, supuestamente, no se dispensan a los afiliados.
En ese sentido, ha sido oportuno y correcto la remisión al Ministerio Público el expediente de la ARS SENASA, porque el dinero de la salud de los dominicanos tiene que estar en las mejores manos, tanto desde el punto de vista administrativo como moral. De ser ciertas las denuncias, que se haga justicia.
