Santo Domingo.- Un proyecto de ley que busca prohibir la Sharia extremista en el país ha encendido un debate legal sobre la libertad religiosa y de reunión. La iniciativa plantea la creación de un Consejo Nacional para prevenir el extremismo y autoriza al DNI a intervenir en actos religiosos vinculados a prácticas que atenten contra los derechos fundamentales.
La propuesta, de la autoría del diputado Elías Wessin Chávez, también contempla la prohibición de mezquitas cuya finalidad sea la colonización ideológica o imposición de normas radicales, y establece sanciones para la introducción y enseñanza de extremismo religioso que afecte el orden público.
El legislador defendió su iniciativa argumentando que se trata de evitar la imposición violenta de creencias, citando experiencias en Europa y Estados Unidos con grupos que se disfrazan de religión para fines políticos y violentos.
Sin embargo, el proyecto ha generado fuertes cuestionamientos sobre su compatibilidad con la Constitución, que garantiza la libertad de culto, asociación y conciencia, además de recordar que el país es un Estado laico. Diputados y senadores han señalado que podría chocar con principios fundamentales y considerarlo un proyecto de corte populista, más enfocado en el impacto mediático que en la viabilidad legal.
El proyecto incluye una excepción para las mezquitas y lugares de culto islámico construidos y operando legalmente antes de la iniciativa, permitiéndoles continuar sus actividades bajo supervisión del Ministerio de Interior y Policía y el DNI, garantizando así un control estatal sobre posibles riesgos de extremismo.
Aún pendiente de su debate en el Congreso, la propuesta refleja la tensión entre la prevención de riesgos de seguridad y la protección de derechos constitucionales, mientras la sociedad y los legisladores analizan el equilibrio entre libertad religiosa y seguridad nacional.
