SANTO DOMINGO.- El modelo de tratamiento empleado en la actualidad para los menores que se encuentran ingresados en los Centros de Atención Integral para los Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal (CAIPACLP), no se ajusta a los requerimientos establecidos para lograr una verdadera reinserción social de éstos ni a los criterios modernos de manejo de este tipo de población privada de libertad.
Esa es una de las conclusiones de una tesis de grado realizada por la periodista Sorange Batista, quien con esa investigación alcanzó la licenciatura en Derecho por la Universidad de la Tercera Edad (UTE).
En su tesis, titulada “Propuesta para la creación de una estructura que conduzca a la reinserción social de los menores que se encuentran privados de libertad en el CAIPACLP/Hato Nuevo”, ella explica las razones que llevan a los adolescentes a delinquir y las fallas que cometen las autoridades al momento de establecer políticas que contribuyan a detener el desarrollo de conductas negativas que se observan desde temprana edad.
«Si bien es cierto que se trata de un problema en el que inciden multiplicidad de factores y de que la familia juega un papel importante en estos temas, la realidad es que la delincuencia juvenil hace muchísimo tiempo que pasó a ser una especie de círculo vicioso en el que generaciones se ven envueltas. Decimos que la familia, pero no hay familia como tal: en la mayoría de los casos los jovencitos privados de libertad provienen de estratos sociales bajos, pertenecen a hogares monoparentales o crecen en manos de familiares no directos, relacionados o por sus propios medios», expresó en la presentación de su trabajo.
Batista añadió que durante su investigación pudo evidenciar que, ante la mirada indiferente de la sociedad, «en nuestros barrios se ven niñitos que desde los 5 años andan en las calles hasta en las noches, sin la supervisión adecuada y ninguna autoridad toma acción, hasta que crecen y se desarrollan como delincuentes y entonces entra la autoridad represiva».
Plantea que, mientras se controla el problema desde su origen, el país cuenta con los instrumentos legales y la posibilidad económica de crear estructuras que permitan un manejo efectivo de los menores que ya se encuentran privados de libertad, a fin de reencausarlos y proveerlos de las herramientas claves para un cambio de conducta.
Por esa razón propone la creación del “Centro de Reeducación para Adolescentes y Jóvenes Yo Puedo”, en el que se promovería una transformación que iría desde un cambio de estructura física hasta un modelo de seguimiento efectivo postratamiento.
Sugiere cambiar la forma de tratamiento por una más alineada con los grupos etarios, sustitución del sistema de vigilancia, en el que se reduzcan al mínimo los barrotes de seguridad y se modernice el conteo diario, así como un cambio de alojamiento, que reduzca la cantidad de internos por área de residencia, para evitar la formación de bandas.
Recomienda, además, la transformación del programa de formación sustituyendo áreas tradicionales por otras más modernas, que en realidad les permitan insertarse en el mercado laboral.
Uno de los aspectos que señala como fundamentales para esta nueva estructura es el reclutamiento de personal de las diferentes áreas, mediante el ofrecimiento de condiciones laborales adecuadas y con un entrenamiento previo, para ejercer sus funciones.
En su tesis de grado, que reposa en la biblioteca de la UTE, están contenidas las estadísticas recientes y los análisis que sustentan la investigación, soportados por el criterio de profesionales de diferentes ramas, como la socióloga Tahira Vargas, el psicólogo Luís Vergés, el director de la Defensoría Pública, Rodolfo Valentín, el director de los Centros Correccionales y Penitenciarios, Roberto Hernández, y otras autoridades de los recintos que albergan personas menores de edad.
El trabajo fue expuesto como “tesis destacada” en la XII Jornada Científico-Cultural 2024 de la UTE. La exposición fue coordinada por el decano de la Escuela de Derecho de esa academia, Marino González, y el profesor Luís Brito, quien junto a la profesora y exfiscal Gloria Henríquez tuvieron a su cargo la evaluación de la tesis, realizada con la asesoría del juez Doménico Núñez.
Estuvieron presentes, además de los mencionados, la rectora de la UTE, Altagracia Núñez; la vicerrectora académica, Victoria E. Jerez, una representación de la Dirección Nacional de Servicios Penitenciarios, profesores de diferentes ramas del derecho, estudiantes y otros invitados.
Al concluir el acto las autoridades de la UTE entregaron un reconocimiento especial a la autora de la tesis, Sorange Batista, por la exposición y contenido de su trabajo de grado.
