Pro Consumidor y representantes del sector industrial aclararon este jueves que los recientes cierres de comercios de capital chino en el país no responden a una persecución, sino a la aplicación estricta de la ley. La medida ha generado debate, pero las autoridades insisten en que busca proteger la salud de la población y garantizar la competencia justa.
El Ministerio de la Vivienda clausuró 11 establecimientos en el Gran Santo Domingo, alegando que operaban sin licencia de construcción ni certificados de inspección. Los industriales recordaron que durante años se han permitido prácticas fuera de la legalidad, lo que ha derivado en derrumbes y accidentes que han dejado víctimas.
Julio Brache, presidente de la AIRD, citó como ejemplos el desplome de una tienda de tejidos en La Vega y el colapso de la fachada de un edificio en construcción en Santiago, ambos sin permisos. «Estas irregularidades se traducen en riesgos que afectan tanto a los trabajadores como a los ciudadanos», sostuvo.
De su lado, el director de Pro Consumidor, Eddy Alcántara, explicó que los cierres se aplican a quienes incumplen las normativas. «No es que no puedan ejercer el comercio en República Dominicana, pero tiene que ser dentro del marco normativo, sin afectar la competencia de aquellos que sí pagan sus impuestos y contribuyen al desarrollo del Estado», señaló.
Las autoridades reiteraron que la vigilancia continuará en distintas zonas del país y advirtieron que cualquier establecimiento, sin importar su nacionalidad, podría ser cerrado si no cumple con las leyes vigentes.
