El Consejo del Poder Judicial (CPJ) informó que reubicará al personal y los servicios que se prestan en el edificio de las Cortes de Apelación del Distrito Nacional, debido a que los resultados de un estudio de vulnerabilidad estructural del edificio evidenciaron la necesidad de iniciar acciones para evitar posibles riesgos de seguridad ante un eventual sismo.
“El Consejo del Poder Judicial (CPJ) reubicará al personal y los servicios que se prestan en el Edificio de las Cortes de Apelación del Distrito Nacional. Desde que el CPJ ordenó la realización de un estudio de vulnerabilidad estructural del edificio, ha estado buscando soluciones sin detenerse. Los resultados del estudio indicado evidenciaron la necesidad de iniciar acciones para evitar posibles riesgos en materia de seguridad ante un eventual sismo”, dijo el organismo mediante una nota de prensa.
En el comunicado, el CPJ indicó que, con base en estos hallazgos, han colaborado con los órganos competentes del Estado, en procura de soluciones responsables.
Señaló que, en diciembre de 2024, se firmó un acuerdo interinstitucional con la Dirección General de Bienes Nacionales y el Ministerio de Energía y Minas para la cesión del uso del edificio del Catastro Nacional al Poder Judicial.
“En diciembre de 2024, se firmó un acuerdo interinstitucional con la Dirección General de Bienes Nacionales y el Ministerio de Energía y Minas para la cesión del uso del edificio del Catastro Nacional al Poder Judicial”, expresó la entidad.
El organismo explicó que a la fecha, se han identificado espacios alternativos para trasladar en un corto plazo y temporalmente los servicios judiciales, garantizando la continuidad de las labores en condiciones seguras para todo el personal.
Al indicar el tiempo por el que será aplicada hasta tanto se haga efectiva una solución definitiva a partir de la implantación de la ciudad judicial en el Distrito Nacional.
Finalmente dijo que el órgano competente del Poder Judicial se encuentra actualmente trabajando en la coordinación de la ejecución de acciones, «por el compromiso institucional de velar por la seguridad y la dignidad de quienes imparten justicia, del personal judicial y de la ciudadanía en general».
