Santo Domingo.- La Procuraduría General de la República (PGR) anunció la reapertura de la Unidad de Protección Animal, en un esfuerzo por reforzar la persecución de los delitos contra los animales, justo cuando salen a la luz varios casos de envenenamiento de perros en Santiago y el Distrito Nacional.
La información fue dada a conocer tras una reunión entre la magistrada Yeni Berenice Reynoso y organizaciones defensoras de animales, como la Federación Dominicana por los Derechos de los Animales (Fedda), junto a fundaciones, abogados y activistas, en un encuentro que tuvo como fin evaluar debilidades del sistema ante el maltrato animal.
La reapertura de esta unidad busca brindar una respuesta institucional más efectiva, tras años en los que los casos eran derivados directamente a fiscalías locales, según la resolución 005701 del Ministerio Público en 2022.
Este anuncio coincide con denuncias recientes en La Ciénaga, Santiago, donde vecinos aseguran que más de 25 perros fueron envenenados con trozos de carne mezclados con “nata”, una sustancia altamente tóxica. Los responsables, según testigos, han admitido los hechos de manera burlona y han amenazado con repetirlos.
En diciembre pasado, seis perros también murieron envenenados en el mismo sector, pero los residentes no actuaron entonces al no identificar que se trataba de ataques deliberados. Ahora exigen una acción firme de las autoridades.
Recomendamos leer: Autoridades firman acuerdo para implementar plan piloto de protección animal en Santiago
Simultáneamente, en el parque Mirador Sur, en Santo Domingo, la Alcaldía del Distrito Nacional informó haber depositado una denuncia formal ante el Ministerio Público tras el hallazgo de varios perros muertos por envenenamiento. Autopsias revelaron hemorragias internas causadas por un tóxico.
Proteccionistas como Haidee Vargas relataron que los animales afectados llevaban años en el parque, estaban vacunados, esterilizados y eran cuidados tanto por comunitarios como por agentes policiales. La alcaldía calificó el hecho como “cruel e indignante” y se comprometió a colaborar con la investigación.
Durante la reunión se discutió la creación de una Guía Operativa, la posibilidad de incluir veterinarios forenses en el Inacif, y el establecimiento de mayor coordinación con la Policía Nacional y el Ministerio de Defensa para fortalecer protocolos ante casos de abuso animal.
El Ministerio Público, con Reynoso al frente, reconoció la necesidad de aplicar con mayor rigor la Ley 248-12 sobre Protección Animal y Tenencia Responsable, al tiempo que reafirmó su compromiso con la sensibilización de la sociedad y la lucha contra el maltrato animal.
