El Ministerio Público (MP) acusará de terrorismo y solicitará 12 meses de prisión contra el ciudadano peruano, Ángel del Pino Cuya o Ricardo Casas, quien el 6 de enero pasado comunicó una falsa alarma de amenaza de bomba en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA).
El expediente pide a la justicia que el caso sea declarado complejo por la gravedad del hecho, así como por el impacto que tuvo el mismo en la seguridad del Estado y por el peligro de fuga que representa el ciudadano extranjero. Para la investigación del caso el MP actuó en coordinación con la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).
Producto de la indagatoria, el imputado fue localizado y arrestado en el sector Los Girasoles, del Distrito Nacional, donde le fue ocupada evidencia vinculadas a los hechos que se le imputan, las cuales han sido incorporadas al expediente.
La solicitud de medida de coerción señala que el acusado hizo una llamada telefónica a las oficinas de AERODOM alertando de la existencia de un artefacto explosivo en el vuelo CM299 de Copa Airlines y que tenía como destino a Panamá.
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Desde que Casas hizo la advertencia se activaron de inmediato los protocolos de emergencia para una amenaza de este tipo, los cuales incluyeron la paralización de todas las operaciones aéreas por 3 horas, el desvío de las naves que llegaban a otros aeropuertos, así como la rápida evacuación de los pasajeros.
El Ministerio Público entiende que del Pino Cuya actuó de manera deliberada y con su acción provocó retrasos, inspecciones minuciosas de la nave y equipaje, así como el nerviosismo entre los demás pasajeros.
El acusado al realizar la llamada se había identificado como gerente de un negocio de comida peruana en Santo Domingo. Inicialmente había dicho que la información de la supuesta bomba se la había dado un familiar, aunque luego varió su versión diciendo que se lo había dicho un amigo de la familia. Otro elemento en su contra es que el individuo se había identificado como ciudadano procedente de Francia.
Una nota de prensa del organismo explica que «este tipo de conductas trascienden la generación de alarma pública, al incidir directamente sobre una infraestructura crítica y su impacto en la seguridad del sistema aeroportuario, por lo que el caso se aborda con el rigor correspondiente en el marco de la seguridad nacional«.
El MP solicitó a través de los fiscales Andrés Mena y Felbelys Rosario, la imposición de 12 meses de prisión preventiva, como medida de coerción, y la declaratoria de complejidad del caso ante el juez Máximo Roa Saint Hilaire, coordinador de la Oficina Judicial de Atención Permanente de Santo Domingo Este, quien fijó audiencia para este jueves 5, a las 9:00 de la mañana.
El órgano persecutor del delito ha dado a los hechos la calificación jurídica provisional de violación a los artículos 3, inciso 1, letra e; 63 y 78 de la Ley 188-11 sobre Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil, que tipifican los actos de interferencia ilícita y la comunicación de información falsa que comprometa la seguridad de una aeronave en vuelo, sancionados con penas de 3 a 10 años de prisión.
