Santo Domingo, RD. – La jueza de la Oficina de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, Kenya Romero, dictó este martes medida de coerción contra el exprocurador Jean Alain Rodríguez y otros imputados de desfalcar al Estado con más de RD$6,000 millones.
A cuatros de los acusados les impuso prisión preventiva de 18 meses, mientras a otros prisión domiciliaria y garantía económica.
La magistrada en su motivación, dijo que la principal razón para enviar algunas a la cárcel y a otros a sus casas, es el peligro de fuga o sustraerse del proceso (como se dice judicialmente).
“Las motivaciones de forma oral que tuvo la jueza para dictar la medida preventiva a Jean Alain Rodríguez se basaron en los parámetros de la existencia de riesgo de sustraerse del proceso, debido al alto perfil de la función institucional que anteriormente este desempeñaba como funcionario público”, dice un comunicado de prensa de del Poder Judicial.
En ese orden, Romero explicó que de tales funciones se “desprende posición de mando que pone en riesgo potencial la obstaculización de los medios de prueba”, por lo que los arraigos sociales y patrimoniales ofertados permiten identificar en estado de latencia las facilidades para sustraerse del proceso de cara al contexto planteado.
Rodríguez fuera enviado al Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, ubicado en la provincia San Cristóbal.
A Jonathan Joel Rodríguez Imbert, y Alfredo Alexander Solano Augusto la magistrada Romero le impuso la misma medida de coerción, debido al mismo temor de que “se sustraigan del proceso”.
“Respecto a los demás privados de libertad en la medida de coerción, la jueza motiva que estos poseen las facilidades de sustraerse del proceso, situación que pondría en riesgo los medios de pruebas durante el desarrollo del mismo”, manifiesta la misiva.
Asimismo, dictó prisión domiciliaria de manera preventiva a Rafael Antonio Mercedes Marte, Altagracia Guillen Calzado y Jenny Marte, tomando en cuenta que no representan un riesgo en la investigación o los medios de prueba, ya que su acceso resulta precario, por lo que es posible se puedan presentar al proceso sujetos a una medida distinta a la solicitada.
En cuanto a, Miguel José Moya, la jueza dictó garantía económica, impedimento de salida y presentación periódica por este ser una persona identificable en los registros públicos y no representar una obstaculización de los medios de prueba.
