Los bienes están asociadas a Andrés Dauhajre; Julio César Correa, el mayor General Adán Cáceres, Robert de la Cruz, y la gestión de Miguel Vargas Maldonado en el Ministerio de Relaciones Exteriores.

SANTO DOMINGO, RD. – El dirigente político, Guido Gómez Mazara, depositó por ante el despacho del Consultor Jurídico de la Presidencia y coordinador general de la Comisión de Recuperación de Bienes Sustraídos al Estado, una relación de transacciones inmobiliarias realizadas por exfuncionarios del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) que a su consideración entran en el marco de ser transparentadas y de encontrar indicios de ilegalidad, ser devueltas al patrimonio estatal.

Entre los bienes identificados por Mazara figuran:

Un apartamento ubicado en el 12E de 135W 52St en Manhattan, Nueva York, adquirido por la sociedad Baker Street Financial, INC rastreado y documentado vía el Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht;

La casa registrada en el Residencial Don Bartolo, calle Chefito Batista, provincia La Vega;

Cuatro solares y su respectiva edificación en el Residencial Colinas del Oeste;

La compra del local de la Embajada Dominicana en ciudad Panamá, ubicada en la calle 50 con calle 56/ edificio F/F (El Tornillo) piso 26, C/D Marbella y la adquisición del inmueble y solar establecido en la calle Bau número 4, del Sector Los Cacicazgos, Santo Domingo.

El denunciante estableció que las operaciones inmobiliarias descritas y sometidas oficialmente a la Comisión de Recuperación de Bienes Sustraídos al Estado están asociadas con los señores Andrés Dauhajre; Julio César Correa, exdirector de Edenorte; el mayor General Adán Cáceres, exjefe de seguridad del expresidente Danilo Medina, Robert de la Cruz, exasistente especial de Medina y la gestión de Miguel Vargas Maldonado en el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Señaló que las operaciones señaladas por él a la Comisión de Recuperación pueden ser detectadas con bastante facilidad y los rastros conducen al establecimiento de responsabilidades respecto de sus autores, compañías e ingresos formales que, en un altísimo porcentaje, los salarios formales de los ex funcionarios no pueden justificar las adquisiciones inmobiliarias, de ahí la necesidad de proceder legalmente previo una rigurosa investigación.

Al remitir la comunicación, el político y exmiembro del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), dijo que no tiene ningún interés en que su iniciativa caiga en los ámbitos de la Ley 302-64 sobre Honorarios de Abogados sino que parten del firme convencimiento de que los ciudadanos “tenemos que contribuir con el adecentamiento de la vida nacional y reconstrucción de la credibilidad de un sistema político que no genera consecuencias penales a los que transforman dinero público en patrimonio privado”.

SANTO DOMINGO, RD. – La directora ejecutiva de Profamilia, Magaly Caram, consideró este domingo que es el momento ideal para que los legisladores asuman con responsabilidad la despenalización en el Código Penal del aborto en las tres causales, al contar con el apoyo de la mayor parte de la población y del presidente Luís Abinader.

“Mandar la despenalización a una ley especial como proponen algunos sectores, aparta el tema y obliga a que el proceso de discusión empiece desde cero, descartando dos décadas de trabajo y dejándolo sujeto a la voluntad de quien presida la Cámara Legislativa hasta para ponerla o no en agenda”, manifestó.

A pesar del apoyo a la despenalización del aborto por casuales que paulatinamente se ha registrado entre los y las legisladoras y en la población, Caram señaló que “20 años de demandas y de lucha no nos inspira confianza para aceptar que se lleve el tema a una ley especial, creemos que se trata más bien de otro retraso y de un palo acechao’ a la vida, la salud y los derechos de las mujeres”.

Sobre las causales

La directora de Profamilia explicó que penalizar la interrupción de un embarazo en caso de riesgo para la vida de la mujer; de violación sexual o incesto o de malformación congénita fetal incompatible con la vida, es una forma de discriminación que atenta contra la vida, la salud y los derechos humanos de las mujeres que debe ser modificado en el mismo Código Penal.

Al hablar en nombre de la institución, Caram exhortó también a las autoridades de salud a informar apropiadamente para evitar la manipulación sobre las causales, al indicar que un defecto congénito incompatible con la vida no puede ser prevenido ni minimizado.

También enfatizó que opiniones médicas reconocen como cruel y una violación de derechos que se le impida a la mujer y su familia tomar una decisión consciente e informada que haga menos traumática la situación, cuando no es posible ofrecer un tratamiento.

Magaly Caram citó la publicación “Defectos congénitos y patologías incompatibles con la vida extrauterina”, del doctor uruguayo Pablo Putti, (2016), quien expresa que “Independientemente de las creencias religiosas y políticas, es incuestionable que el diagnóstico certero y la información oportuna son de fundamental importancia para el doloroso y complejo proceso psicológico que implica la comunicación de un defecto congénito grave”.

Expresó que interrumpir un embarazo es una decisión difícil, pero una malformación congénita incompatible con la vida fuera del útero implica que nunca podrá recibir el fruto de ese embarazo.

“Las mujeres que atraviesan por estas difíciles circunstancias necesitan el apoyo de las autoridades y de la sociedad para que puedan tomar la decisión que entiendan es mejor para ellas y sus familias sin poner en riesgo su vida, sin temor al señalamiento social o a ser apresadas cuando la decisión fuera terminar el embarazo”, agregó Caram.

Consideró que la existencia de leyes restrictivas, como la penalización total del aborto, empujan a las mujeres a la clandestinidad y en condiciones de inseguridad, como lo evidencia que el aborto sigue estando entre las primeras causas de mortalidad materna en el país, precedido por las hemorragias, sepsis y la hipertensión durante el embarazo.

SANTO DOMINGO, RD. – El exministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas, criticó la manera en que el gobierno del presidente Luis Abinader ha manejado la crisis de la pandemia del COVID-19, asegurando que luce cansado y perdido frente a esta batalla.

El reconocido médico consideró que el Gobierno ha descuidado la acción de informar, educar, orientar, persuadir e involucrar a la gente en procura de las soluciones, y que por el contrario ha privilegiado las puras acciones policíaco-militares y las recaudaciones de fondos mediante multas no reguladas.

Al ser entrevistado en el programa “DesahógateRD”, que se difunde por Zol 106.5 FM, Sánchez Cárdenas dijo que: “el gobierno del PRM heredó del gobierno anterior una situación del COVID-19 manejada con responsabilidad, transparencia y comunicación total al pueblo dominicano”.

Consideró que hay un descuadre en las muertes, y en los reportes de camas COVID y UCI evidenciados en los reclamos ciudadanos de camas y atenciones.

A lo que agregó: “El gobierno luce desconcertado, cansado y perdido frente al COVID-19”.

Durante la pasada administración gubernamental, según cuenta Sánchez Cárdenas, la incertidumbre y el miedo de la gente ante la enfermedad, sus contagios y muertes tenían como contrapartida la información diaria, puntual y frontal con todos los medios nacionales e internacionales, que ayudaban a las familias y ciudadanos a tener más certidumbre y confianza en las acciones de gobierno.

“Este Gobierno abandonó la búsqueda activa y seguimiento de casos positivos, los mapas de contactos con positivos, las visitas domiciliarias; incumplió con la meta de 7,000 pruebas diarias prometidas”, argumentó el pasado ministro de Salud Pública.

“No pagan los incentivos al personal de salud; no han hecho uso de las máquinas de plasmaféresis que recibieron para producción de plasma convaleciente y poco uso de las pruebas de antígenos e insistiendo en las llamadas pruebas rápidas de escaso valor clínico”, observó.

Asimismo, dijo que el nuevo Gobierno despidió a los técnicos con mayor experiencia en la Dirección Desconcentrada y las Direcciones Provinciales, trayendo a gente inexperta a improvisar.

Explicó que en la actual gestión se carece de una política efectiva y asertiva de comunicación fácilmente comprobada por los propios medios de comunicación.

Entiende que, igualmente se ha evidenciado las dificultades en el traslado de pacientes COVID, así como “el confeso cansancio del gobierno en la lucha contra la pandemia, admitido por el propio presidente Luis Abinader el día 4 de enero”.

Recordó la renuencia de los legisladores del PRM a aprobar los necesarios Estados de Emergencia solicitados por el gobierno del entonces presidente Danilo Medina, en los que consideró como momentos cruciales de la pandemia, bajo imputaciones de manipulación política y que no eran necesarios.

“Y ahora, en cinco meses, ese mismo Congreso Nacional, mayoritariamente dominado por el PRM, ha aprobado sucesivamente más de tres Estados de Emergencia de 45 días cada uno y sin el menor rubor ante el evidente engaño y confusión que llevaron a la ciudadanía en aquellas horas duras post-electorales del COVID-19 y sin explicación de cada gasto y medida de excepción tomada”, observó el doctor Rafael Sánchez Cárdenas.

Ante tal premisa, el pasado ministro de Salud Pública plantea: “Si no saben o se sienten impotentes, que convoquen al liderazgo nacional a un consenso y unidad general frente este terrible fenómeno de escala universal”.