(EFE).- Más de 60,000 muertos, cerca de 2,3 millones de contagiados, miles de desempleados y de empresas en quiebra son algunas de las consecuencias de la pandemia de covid-19 en Colombia un año después de que se detectara el primer caso en el país, donde la vacunación todavía es incipiente.

Hasta el 6 de marzo de 2020 Colombia vivía en su normalidad, observando con aprensión la propagación de la pandemia por todo el planeta, hasta que le llegó el turno: una mujer de 19 años que había regresado de Milán (Italia) fue el primer caso positivo y a partir de entonces todo cambió.

Los contagios diarios fueron creciendo hasta volverse miles y diez días después ocurrió la primera muerte, la de un taxista en Cartagena de Indias. Luego vino el aumento acelerado de las cifras y hoy el país ocupa el puesto 11 en contagios, con 2,269,582, y el 12 en fallecidos, con 60,300.

«La de 60,000 fallecidos obviamente es una cifra muy importante, muy grande«, dice a Efe Víctor Muñoz, director del Departamento Administrativo de la Presidencia, que tiene a su cargo hacer realidad la vacunación masiva e impulsar la reactivación económica del país.

Muñoz subraya que si bien las cifras son altas, el país empezó a prepararse antes de que se detectara el primer caso y eso evitó el colapso de los servicios sanitarios.

«Se tomaron decisiones muy importantes como fue duplicar la capacidad que teníamos en unidades de cuidados intensivos. Colombia pasó de tener cerca de 5.700 UCI a tener más de 12.000, lo cual nos permitió enfrentar la parte más dura de la pandemia«, afirma.

De la misma manera, agrega el funcionario, el país multiplicó la capacidad de hacer pruebas PCR pues hace un año tenía solo un laboratorio habilitado y hoy son 165, con el fin de hacer cercos epidemiológicos que no siempre han funcionado.

«Nunca hemos tenido saturación del sistema de salud en el país, en el entendido de que hemos llegado a niveles de ocupación de UCIs del 93 % en los dos picos que tuvimos tanto en julio como en enero«, señala.

COSTO ECONÓMICO Y SOCIAL

El confinamiento estricto nacional, que comenzó a finales de marzo y se prolongó casi seis meses, hasta el 1 de septiembre, para mitigar la propagación de la covid-19, pasó una factura enorme al país en lo económico y lo social, con el cierre de más de 53.000 empresas solo en la capital, según datos de la Cámara de Comercio de Bogotá.

Un estudio de la Corporación Interactuar reveló en octubre que hasta entonces el 10% de las microempresas colombianas se había declarado en quiebra por el confinamiento y el 65,7% estaba sin capital de giro para sus operaciones.

Con semejante panorama el empleo formal, que ya venía mal, acabó convertido en otra víctima de la pandemia. «En el caso del empleo tuvimos una caída, una tasa de desempleo que llegó en el momento más crítico, que fue abril, al 21 %, pero logramos cerrar diciembre con una tasa del 13,4%«.

Para atender la emergencia económica y social derivada de la sanitaria, el Gobierno destinó 4,157 millones de dólares al pago de subsidios, recursos que si bien son altos, han sido insuficientes para atender las necesidades de los más necesitados en un país donde hasta 2019 la tasa de pobreza monetaria se situaba en el 37,5 %.

«Siendo un año complejo el país hizo inversiones muy importantes en programas como Ingreso Solidario, para más de 3 millones de familias vulnerables, o en subsidios extraordinarios para Colombia Mayor que beneficia a 1,6 millones de personas (de la tercera edad)«, agrega Muñoz.

La economía en su conjunto sintió el frenazo económico y el producto interno bruto (PIB) colombiano cayó en 2020 el 6,8%, su peor resultado histórico. Para este año se espera un crecimiento del 5%, impulsado en parte por un ambicioso programa de reactivación y generación de empleos.

Ese plan contempla inversiones por más de 170 billones de pesos (unos 46,760 millones de dólares) en cerca de 500 proyectos de infraestructuras, energía, vivienda, vías terciarias y desarrollo digital, según Muñoz.

VACUNACIÓN CON TROPIEZOS

Para lograr esos objetivos es fundamental que el país avance en el Plan Nacional de Vacunación que prevé inmunizar este año a 35,2 millones de colombianos, equivalentes al 70% de la población, para alcanzar la inmunidad de rebaño, iniciativa que ha tropezado con la burocracia estatal a la hora de distribuirlas y aplicarlas.

El Gobierno adquirió 61,5 millones de dosis a los laboratorios Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Janssen (Johnson & Johnson) y Sinovac, de las cuales ya recibió 509.620, pero hasta la víspera había aplicado menos de la mitad: 239,851, es decir el 0,68% del universo a inmunizar, lo que ha ocasionado numerosas críticas.

«Vacunación masiva y rápida es requerida para alcanzar la inmunidad de rebaño; es necesario tener las vacunas y aplicarlas lo más rápido posible. Eliminar las barreras y una rápida distribución de las mismas es indispensable para alcanzar este objetivo«, escribió en Twitter el presidente de la Asociación Colombiana de Infectología, José Millán Oñate.

El presidente colombiano, Iván Duque, aseguró esta semana que cuando comenzó la vacunación, el pasado 17 de febrero, «dijimos con claridad que en los primeros 30 días, es decir, alrededor de marzo 20, debemos haber superado ya ese millón de vacunados, ese es nuestro plan«.

Para llegar al primer millón, la media diaria de vacunación, que es de 14,108 dosis, debe aumentar en los próximos 15 días a 50,676, o por lo menos a 30,405 aplicaciones si el objetivo se posterga al 31 de marzo.

«La meta del millón de personas vacunadas en el primer mes se va a cumplir, todas las proyecciones que nosotros tenemos son de que la próxima semana se inicia una aceleración, a partir del lunes deberíamos estar en promedios superiores a 35,000 vacunas al día«, afirma Muñoz.

Según el funcionario, el Gobierno busca garantizar una recepción permanente de vacunas y, por ejemplo, «este fin de semana llegará más de un millón y medio» que serán repartidas en todo el país con criterio de «equidad«.

«En este momento ya en 900 municipios del país hay vacunas, hemos garantizado que sean distribuidas para atender la primera línea del personal de la salud y a los mayores de 80 años, y ese es el propósito, mantener un flujo continuo para que podamos vacunar en todas las regiones«, asegura.

Jaime Ortega Carrascal

(EFE).- Los bolivianos se aprestan a acudir a las urnas el domingo por tercera vez desde 2019 para elegir a sus autoridades regionales y municipales en los segundos comicios que se desarrollan en el país en el marco de la pandemia de la covid-19.

El órgano electoral boliviano afinaba detalles este sábado para llevar adelante unas elecciones subnacionales que debían efectuarse hace un año, pero que fueron aplazadas por los comicios generales fallidos de 2019 y por la pandemia.

En vehículos, en botes e incluso a pie, las brigadas electorales continuaban en esta jornada transportando el material para los comicios hasta los distintos distritos donde mañana domingo se abrirán los recintos de votación, según fotografías difundidas por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) en las redes sociales.

A la vez, se realizaron las últimas capacitaciones, virtuales en algunos casos y presenciales en otros, para quienes fungirán como jurados electorales.

Para este sábado también está prevista la publicación de los listados definitivos de candidatos habilitados.

La posibilidad de que las organizaciones políticas puedan reemplazar o retirar candidaturas hasta tres días antes de los comicios ha sido criticada por organizaciones civiles que señalaron que esto impide a muchos postulantes saber hasta el último momento si están o no en carrera y a los electores, conocer sus propuestas.

Esto casi supone ir a votar «a ciegas» en algunos casos y tampoco permite verificar si efectivamente las organizaciones políticas han cumplido con el criterio de paridad y alternancia en sus listas de postulantes para incluir al menos a un 50 % de candidatas mujeres como lo exigen las normas, según estas organizaciones.

CURIOSIDADES Y DATOS

A menos de 24 horas para los comicios, el exdiputado opositor y candidato a la Alcaldía de La Paz Amilcar Barral anunció su retiro de la contienda electoral para «no permitir» que el oficialismo llegue al poder en el municipio, según dijo.

Cuando se producen casos como el de Barral, en que el candidato se retira pero aparecerá en la papeleta de todas formas, los votos que obtenga serán computados como nulos, según el organismo electoral.

En la víspera también se conoció que el gobernador de la región sureña de Tarija y candidato opositor Adrián Oliva dio positivo a la covid-19, por lo que fue ingresado en un hospital especializado para tratar la enfermedad.

Durante la etapa preelectoral, varios candidatos fallecieron a causa de la enfermedad y uno renunció a postular por el rebrote vivido en los dos últimos meses, lo que no frenó las concentraciones masivas dentro de las campañas, muchas veces sin cuidar las medidas de bioseguridad como el uso de mascarillas o la distancia física.

En total están habilitadas para votar 7,131,075 personas en las nueve regiones bolivianas donde se han habilitado 5.538 recintos electorales, que superan en 404 a los 5,134 espacios dispuestos para la votación de los comicios generales de octubre pasado.

Los comicios subnacionales tendrán 208,554 jurados electorales cuya labor deberá comenzar a las 08:00 hora local (12:00 GMT) hasta las 17:00 hora local (21:00 GMT), una hora más de lo normal, dentro de las medidas dispuestas por el TSE para evitar aglomeraciones.

Los bolivianos acudirán a las urnas para elegir a 4,962 nuevas autoridades entre titulares y suplentes, de las cuales 583 son departamentales, 27 regionales y 4,352 municipales.

En el caso de las gobernaciones se aplica lo mismo que en las elecciones generales, es decir, que los dos postulantes mejor votados van a una segunda vuelta prevista para abril si es que ninguno logra los porcentajes suficientes establecidos por norma para proclamarse vencedor en primera vuelta.