SANTO DOMINGO, RD. – Las autoridades de la termoeléctrica Punta Catalina, impidieron este martes la entrada de una comisión de senadores que se disponían a realizar una inspección del manejo y sistema de trabajo de esta planta y evaluar los daños que la misma está causando a la salud y la agricultura de la provincia Peravia.

Según se informó a la prensa, los ejecutivos de la Planta, alegaron no haber recibido la comunicación sobre la vista de los representantes de la cámara alta, indicando que para el acceso de la comisión se debía preparar un protocolo de seguridad.

Los legisladores, pertenecientes a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales ante el Senado de la República, reaccionaron airados ante la negativa de la entrada a la termoeléctrica, enfatizando que es una falta de respeto, y que ellos son fiscalizadores y como tal, los asiste un derecho constitucional de inspeccionar cualquier obra del estado dominicano.

“Aquí no he venido con una turba a hacer desorden, hemos asistido para entrar y conversar con el ejecutivo, conocer el funcionamiento de esta planta, y es una falta de respeto que se nos ha hecho a los senadores, la mañana de hoy, nos retiramos y lamentamos profundamente que nos hayan negado la entrada”, indicó el senador Héctor Acosta, presidente de la Comisión.

Por su parte, el senador por la provincia Peravia, Milciades Franjul, lamentó la desafortunada situación que se presentó, al tiempo de reafirmar que continuará con la lucha hasta que se realice el descenso.

“Como senador de esta provincia tenemos la gran responsabilidad de velar por el medio ambiente. Seguiremos con nuestra lucha hacia adelante, porque este descenso tiene que hacerse, es muy importante que el pueblo y los colegas legisladores conozcan el manejo de esta planta, y además todas las zonas aledañas a la termoeléctrica que han sido afectadas demandan por que este se realice”, enfatizó Franjul.

Esta visita fue gestionada por Franjul, quien solicitó mediante una resolución la intervención del presidente Luis Abinader Corona, para propiciar la conversión de la planta de carbón a gas natural.

Estuvieron presentes, los senadores Héctor Acosta (Monseñor Nouel), presidente  de la Comisión;  Casimiro Antonio Marte (Santiago Rodríguez) vicepresidente de la comisión; y Lenny Valdez  (Monte Plata) miembro; y Milciades Franjul (Peravía) senador proponente de la resolución que solicita el descenso en la Plata a Carbón, además  autoridades política y eclesiásticas de Baní, asociaciones que luchan en defensa del medio ambiente y el cambio climático, y juntas de vecinos de las zonas aledañas.

SANTO DOMINGO.- La Procuraduría para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales (Proedemaren) retiró más de una docena de vacas y cerdos que deambulaban en los linderos de un arroyo en La Puya, de Arroyo Hondo, y emplazó a los criadores a detener la práctica que contamina agua, suelo y aire de todo el sector.

Los propietarios son moradores del barrio La Puya, que crían a estos animales en el entorno, con el objetivo de su reproducción y venta, sin guardar las debidas medidas de salubridad pecuaria y en desmedro de las propiedades y la salud de moradores cercanos.

Aunque el lugar se conoce como la cañada de La Puya, se trata de un arroyo, afluente del río Isabela, con pequeños humedales, que igual recibe alta carga de desechos de los sectores aledaños.

Además de la crianza de los animales, sus propietarios construyeron corrales y chiqueros en toda la extensión de las márgenes del afluente.

El operativo estuvo dirigido por el fiscal Rudy Alberto Pérez, acompañado de otros funcionarios de la Proedemaren.

Con anterioridad, el organismo había visitado el lugar y ofreció un compás de espera para el retiro voluntario de los animales, pero los criadores no solo incumplieron el plazo, sino que lo aprovecharon para incrementar la crianza.

En este reciente operativo, por razones logísticas, la procuraduría especializada ocupó solo parte de las decenas de cerdos y vacas dispersos por el lugar, condicionado su devolución a que los propietarios liberen la zona por completo.

La intervención contó con el apoyo del Departamento de Protección Animal de la Procuraduría General de la República, así como de agentes de la Policía Nacional.

Santo Domingo.- El Consejo Nacional de Participación Ciudadana expresó un enérgico y total rechazo a cualquier plan que amenace la vida o la integridad física de la fiscal adjunta anticorrupción, Yeni Berenice Reynoso.

El principal organismo de dirección del movimiento cívico, advirtió que ni el país ni sus autoridades pueden tomar a la ligera la revelación reciente de que se trama contra la vida de la fiscal Reynoso.

“Esperamos que el Poder Ejecutivo, como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, ordene a todos los organismos de inteligencia del Estado que se pongan a disposición de la Procuraduría General de la República en los esfuerzos por identificar a los responsables de este tipo de conductas tan peligrosas para el Estado de Derecho”, expresó en un comunicado de prensa el Consejo Nacional de la organización.

Participación Ciudadana fue enfático al demandar que los resultados de dichas investigaciones, una vez concluidas, sean comunicados al público oportunamente, y los nombres de los involucrados sean dados a conocer, al tiempo que los implicados sean traducidos inmediatamente a la acción de la justicia.

“La sociedad dominicana debe permanecer vigilante, tomar en serio esta grave denuncia y parar en seco cualquier intento en contra de la vida o la integridad de los fiscales anticorrupción, pues tan solo el intento de concretarse podría sumir al país en un estado de terror generalizado”, sostuvo el Consejo Nacional.

El movimiento cívico Participación Ciudadana, expresó, además su vigoroso respaldo a la lucha contra la impunidad que se libra desde el Ministerio Público y particularmente a la valentía, denuedo y dedicación con que los fiscales Yeni Berenice Reynoso, Wilson Camacho y todo el equipo de la Procuraduría Anticorrupción han tomado en sus hombros esta responsabilidad histórica.

SANTO DOMINGO.- La fiscal Mirna Ortiz destacó este martes que el juicio del Caso Odebrecht está llegando al final y que, con la unión armónica de las pruebas que ha presentado en el proceso, el Ministerio Público demostrará cómo se distribuyeron los sobornos y quiénes los recibieron.

Ortiz, coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), explicó que en la actual fase del juicio que se desarrolla en el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional se conocen las pruebas que presentan los imputados a descargo. Posteriormente, las partes procederán con los alegatos de conclusión, que son los argumentos de cierre para dejar al tribunal en condiciones de decidir.

“Odebrecht está llegando a su mejor momento, que es el momento de los alegatos finales, donde vamos a hacer esa unión armónica de todas las pruebas que hemos ido presentando y ustedes van a poder ver el dibujo completo del caso, qué fue lo que pasó, cómo se dieron los sobornos, quiénes lo recibieron y con qué evidencias el Ministerio Público respalda cada una de esas afirmaciones”, expuso Ortiz, al ser entrevistada vía telefónica por el equipo del programa radial La Súper 7 en la Mañana.

El juicio por los US$92 millones en sobornos que distribuyó Odebrecht para lograr la adjudicación de contratos de obras en el país se sigue en contra del representante empresarial Ángel Rondón Rijo y de Víctor Díaz Rúa, exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa),  así como del abogado Conrado Pittaluga Arzeno, los exlegisladores Porfirio Andrés Bautista García y Tommy Galán Grullón y de Roberto Rodríguez Hernández, también exdirector del Inapa.

En la audiencia de este martes continúa presentando sus pruebas a descargo el imputado Díaz Rúa. Durante este proceso, el Ministerio Público ha hecho suyas más de 10 pruebas de dicho encartado, que las tenía para su defensa, quiso desistir de ellas y, haciendo uso del principio de comunidad de pruebas, el Ministerio Público las acogió, porque corroboran su teoría del caso.

En esta etapa del proceso también presentó sus pruebas el imputado Rondón Rijo, asegurando el órgano acusador que presentó más de 25 testigos que no aportaron absolutamente nada al proceso y quienes, ante las preguntas del Ministerio Público sobre qué podían aportar al caso, siempre respondían que no sabían absolutamente nada.

Respecto a la investigación de los archivos definitivos con que habrían sido beneficiados varios de los primeros imputados, dijo que está a cargo del equipo que lleva la investigación Odebrecht 2.0.

Precisó que el proceso disciplinario por esos archivos lo lleva la Inspectoría General del Ministerio Público y que el funcionario que trabajó en esos archivos está suspendido.

“El caso sigue en curso, está abierto y se realizan las diligencias de lugar, porque no solo es imputar, sino que hay que probar que ese funcionario cometió la falta”, dijo.