Lima, (EFE).- La candidata de derecha Keiko Fujimori solicitó este lunes una auditoría al escrutinio de las elecciones peruanas que da como virtual ganador a su rival, el izquierdista Pedro Castillo, al tiempo que se presentó ante la Justicia una demanda de amparo para que se acepte revisar sus pedidos para anular sufragios que llegaron fuera de plazo.

A través de su partido Fuerza Popular (derecha), Fujimori pidió «una auditoría informática del proceso de digitalización de actas electorales», cuyo recuento pone a Castillo (izquierda) con una ventaja estrecha pero casi irreversible de 48.000 votos.

La razón esgrimida para reclamar esta auditoría es que «se ha detectado por redes sociales una serie de cuestionamientos» entre el acta y el sistema informático de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), encargada del escrutinio oficial.

«Solo pedimos elecciones limpias y que se revisen todas las irregularidades. No nos vamos a rendir», escribió este lunes en redes sociales Keiko Fujimori, hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) que denuncia sin pruebas fehacientes haber sido víctima de un supuesto «fraude sistemático».

ANULACIONES DE VOTOS SIN ÉXITO

La auditoría fue solicitada después de que la mayoría de los más de 800 recursos para anular 200.000 votos por presuntas irregularidades hayan sido rechazados por los jurados electorales por llegar fuera de plazo y por no presentar pruebas consistentes de que hubo un fraude en las mesas de votación.

Estos recursos se concentran en zonas andinas, rurales y pobres donde Castillo tuvo una votación aplastante, y el argumento en la mayoría de ellos era que alguna de las firmas de los miembros de mesa diferían de las rubricas de las mismas personas que figuran en el registro civil.

Aquellos jurados electorales que ya han resuelto recursos sobre esta presunta irregularidad están determinando que el hecho de que la firma no sea exactamente la misma a la del registro civil no confiere un motivo de peso para anular toda el acta, que contiene los votos de unos 300 electores cada una.

DEMANDA DE AMPARO EN JUSTICIA

Al mismo tiempo, ante el Poder Judicial se presentó una demanda de amparo para solicitar una medida cautelar contra el Jurado Nacional de Elecciones, el máximo órgano electoral de Perú.

La demanda fue presentada por el ciudadano Carlos Antonio Franco Pacheco ante el Quinto Juzgado Constitucional de Lima después de que el JNE rechazara ampliar el plazo para que Fuerza Popular pudiese presentar todas las solicitudes de nulidad de mesas de sufragio.

El JNE, que en principio sí iba a prorrogar este plazo, lo que hubiera permitido superar la extemporaneidad de la mayor parte de sus solicitudes, cambión de parecer al considerar la inconstitucionalidad de la medida, tal y como sostiene una sentencia del Tribunal Constitucional.

TENSIÓN CONSTANTE

Desde el partido izquierdista Perú Libre, del que es candidato Castillo, el abogado Aníbal Torres exhortó este lunes a Fujimori a respetar la democracia tal y como se había comprometido en campaña.

El letrado acusó a Fuerza Popular de querer dilatar la proclamación de los resultados de la elección, que apuntan a una tercera derrota consecutiva de Fujimori tras las sufridas en 2011 ante Ollanta Humala y en 2016 frente a Pedro Pablo Kuczynski.

Mientras, continúa el clima de tensión social con seguidores de ambos partidos manifestándose a diario en la capital Lima, unos para defender la legitimidad de los resultados y otros para insistir en las denuncias de supuesto fraude lanzadas por Fujimori.

Tanto las misiones de observación electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore) como la Asociación Civil Transparencia han descartado irregularidades graves en las elecciones peruanas y han destacado su transparencia y corrección del proceso electoral.

Managua .- Nicaragua exigió este lunes la «no injerencia de cualquier Gobierno extranjero» en sus asuntos internos, afirmó no ser «una amenaza para ningún país del mundo», y demandó el cese de las sanciones internacionales que, según dijo, en tiempos de pandemia «eleva su ilegalidad al nivel de crimen de lesa humanidad».

En un mensaje titulado «Nicaragua: En defensa de la soberanía nacional y el estado de derecho», el Ejecutivo se quejó de que «se está desarrollando un ataque implacable y sin precedentes en contra del pueblo y Gobierno de Nicaragua, impulsado por falsas narrativas propugnadas por medios de comunicación de la derecha y «figuras de la oposición» financiados por Estados Unidos».

Ese mensaje se da en medio de los llamados de la comunidad internacional para frenar los arrestos de opositores en Nicaragua, incluido cuatro aspirantes a la Presidencia, a falta de cinco meses de los comicios en los que el presidente Daniel Ortega busca una nueva reelección.

También a un día de que el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) celebre una sesión virtual extraordinaria para «abordar la situación en Nicaragua», a solicitud de Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Estados Unidos, Paraguay y Perú.

«NO REPRESENTAMOS AMENAZA PARA NINGÚN PAÍS»

«Nicaragua está comprometida con la celebración de unas elecciones generales libres, justas y transparentes el próximo 7 de noviembre. En ese sentido, Nicaragua debe exigir la no injerencia de cualquier Gobierno extranjero, dado que una opinión o declaración expresada por un Gobierno extranjero puede afectar la correcta implementación del proceso electoral», señaló el Ejecutivo.

En octubre pasado, la Asamblea General de la OEA llamó al Gobierno de Ortega a realizar reformas a la Ley Electoral que garantizaran unas elecciones creíbles a más tardar en mayo, lo que, a juicio de los opositores locales, no se ha dado.

«Como buen vecino y miembro digno de la comunidad internacional, Nicaragua no representa una amenaza para ningún país del mundo, por el contrario, Nicaragua siempre ha tenido como objetivo establecer relaciones bilaterales basadas en el respeto mutuo, la solidaridad y la cooperación», sostuvo.

«NICARAGUA ES UN ALIADO CLAVE»

En el documento, las autoridades sandinistas resaltaron que «Nicaragua es un aliado clave en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado», y que «no contribuye significativamente a la migración irregular».

Asimismo, rechazó las sanciones establecidas por Estados Unidos y otros países contra decenas de familiares, empresas y allegados al presidente nicaragüense, señalados de supuestamente estar involucrados en actos de corrupción y violaciones de los derechos humanos.

«Nicaragua exige que sean eliminadas todas las medidas unilaterales, coercitivas e ilegales impuestas a países, instituciones o individuos, reiterando que la aplicación de tales medidas en tiempos de pandemia eleva su ilegalidad al nivel de crimen de lesa humanidad», advirtió.

Las únicas sanciones legales, agregó el Gobierno, son las dictadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

OPOSITORES, «LEALES» A EE.UU.

Por otro lado, el Gobierno nicaragüense expuso su punto de vista sobre los arrestos de los opositores, entre los que destacó el de la aspirante presidencial Cristiana Chamorro, quien es la figura de la oposición con mayor probabilidad de ganar las elecciones de noviembre, según una encuesta de la firma CID Gallup.

«Lo único que este grupo de usurpadores de la oposición tiene en común es su lealtad al Gobierno de los Estados Unidos de América y el hecho de que, directamente o a través de sus respectivas ONGs, han recibido millones de dólares en dinero del pueblo estadounidense a través de USAID, NED, IRI y otras agencias, con el objetivo de derrocar» al Gobierno de Ortega, indicó.

Chamorro, hija de la exmandataria Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997), es acusada por los delitos de gestión abusiva y falsedad ideológica, ambos en concurso real con lavado de dinero, bienes y activos.

Las elecciones de noviembre próximo serán claves para Nicaragua, ya que estarán en juego 42 años de dominio casi absoluto del mandatario nicaragüense sobre la política local. EFE