Santo Domingo.- Senadores de diferentes bancadas se refirieron este miércoles al incremento del costo de los productos de la canasta básica.

Alexis Victoria Yeb, senador del Partido Revolucionario Moderno (PRM) por la provincia María Trinidad Sánchez, sostuvo que en la actualidad “todos los precios están altos”, y llamó a la población a ser paciente.

Por otro lado el senador de Elías Piña, Yván Lorenzo, atribuye la situación a que el PRM “no sabe gobernar”.

En tanto que otros como el senador peledeista José del Castillo Saviñón, considera que se trata de un tema que “debe ser abordado” por el Gobierno.

A propósito, la Unión de Medianos y Pequeños Industriales de la Harina (Umpih) desmintió ayer que vayan a incrementar el precio del pan en el país.

“No apoyamos el llamado de la susodicha y pseudo asociación que de manera irresponsable anunció un incremento de un 100 % en los precios del pan”, dijo el presidente de Umpih, Issachart Burgos. Y afirmó que no es cierto que se haya registrado un incremento de un 200% en los costos de producción a un 200%.

Santo Domingo.- El movimiento cívico Participación Ciudadana llamó al Gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader a asignar el presupuesto suficiente a la Procuraduría General de la República, “que le permita seguir realizando su ardua labor de combatir y perseguir la corrupción, y en especial la corrupción administrativa”.

El Consejo Nacional del movimiento cívico recordó que la proclama de su asamblea para el 2021 fue “Año por la independencia de los órganos de control, persecución y sanción de la Corrupción Administrativa”, y en ese sentido exigió que se le otorguen partidas acordes a lo solicitado por la Procuraduría para el año 2021.

Además, plantean que más allá de una asignación puntual, deben ser incluidas en la reformulación presupuestaria que será sometida al Congreso Nacional próximamente.

Participación Ciudadana afirmó que “no basta con la independencia de actuación que se evidencia actualmente en los trabajos del órgano persecutor, sino que se precisa también de los recursos económicos necesarios que le permitan realizar su labor de investigación especializada y consiguiente instrumentación de expedientes sólidos que puedan ser sustentados en los tribunales de justicia”.

“Para enfrentar los grandes desafíos que conlleva el combate y la persecución de la corrupción administrativa y la delincuencia de cuello blanco, en general, es fundamental terminar con la precariedad y ahogamiento económico a los que está sometido la Procuraduría General de la República, no obstante que la Ley No.194-04 en su artículo 3 establece que se le debe asignar el 1.4% del Presupuesto Nacional”, declaró el Consejo Nacional de esa organización.

La organización lamentó que a dicha entidad pública se le tiene ahogada en el plano económico, y recordó que la sociedad dominicana “tiene sus esperanzas en la actual Procuraduría General de la República por su independencia de actuación y el temple con el cual ha enfrentado su responsabilidad”.

“Es penoso que el Ministerio Público no pueda desempeñar su rol a cabalidad por falta de recursos económicos y consiguiente falta de recursos humanos especializados en los que se apoyen los fiscales actuantes. Además de las investigaciones por los delitos de corrupción y derivados ilícitos la Procuraduría General de la República tiene otros temas muy importantes en su agenda ordinaria como son los de trazar las políticas públicas para enfrentar la criminalidad, la violencia de género, la delincuencia juvenil y continuar con la modernización del sistema carcelario que está bajo su responsabilidad”, destacó el Consejo Nacional de Participación Ciudadana.

A través de comunicado de prensa la entidad deploró las quejas que ha manifestado públicamente la magistrada Miriam Germán Brito, cuando expresa que la institución que dirige solo cuenta con un exiguo presupuesto 40.19% menor que el de 2020, al tiempo que advirtió “que sin recursos la lucha contra la corrupción no podrá ser exitosa”.

Participación Ciudadana hizo un llamado al Poder Ejecutivo en la persona del presidente Luis Abinader, a asignar fondos en lo inmediato a la Procuraduría General de República que le permita a la institución del Ministerio Público realizar su labor con holgura, a fin de que pueda continuar trabajando en la persecución de la corrupción administrativa y someter a la justicia expedientes sólidos que los fiscales puedan sostener cuando se sometan al escrutinio de la contradicción que caracteriza nuestro sistema de justicia.