Santo Domingo, RD. – El consejo de defensa del exprocurador Jean Alain Rodríguez negó este jueves la información provista por el Ministerio Público en torno a las vinculaciones de algunos de los investigados del caso Falcón con su representado.

“Es importante que se sepa, que la implicada en el caso Falcón, Ana Margarita Collado, nunca trabajó, ni tuvo vínculos directos con el despacho de la Procuraduría General de la República”, según los juristas en un documento de prensa.

Dijeron que tampoco se desempeñó en posiciones de confianza o relevancia, como han alegado. 

“Formaba parte de los casi 9,000 empleados de la institución y la mayor parte de, sus casi dos años de labores, las realizó como asistente en la secretaria general y luego en servicios al usuario en la Dirección de Violencia de Género, dirigida por la Magistrada Ana Andrea Villa Camacho, quien fue su supervisora directa”, sostienen.

De igual manera, añadieron, que “la investigada fue trasladada a la Unidad de Violencia de Género de Santiago, donde permaneció hasta presentar su renuncia a finales del 2019, información que puede ser corroborada en el portal de Transparencia de la Procuraduría General”.

Informaron que la implicada contaba con una hoja de vida profesional, acompañada de una recomendación de una de las principales y más prestigiosas industrias del país con sede en Santiago, dónde laboraba previo a su ingreso en la Procuraduría.

“Al ser evaluada, no poseía antecedentes o vinculación delictiva conocida, estado de inocencia que aún preserva, hasta se compruebe lo contrario en un juicio oral, público y contradictorio”, explicaron.

Denunciaron que “Llama poderosamente la atención que se hayan filtrado fotografías incautadas durante los allanamientos realizados al exprocurador, en especial una durante un encuentro comunitario sostenida en la residencia de la familia Musa en Puerto Plata, en la que figura un pariente del imputado de la Operación Falcón, atribuyendo que dicha persona es un implicado, siendo esa información falsa”.

“Sorprende que dichas fotografías, que solo estaban en manos del Ministerio Público, hayan sido filtradas, siendo esto una violación de la ley. Fotografías que el Ministerio Público incautó como evidencia de prueba para otro caso, que nada tiene que ver con el actual”, expresaron.

Los abogados mostraron su preocupación, respecto a que, al igual que ha sucedido en otras persecuciones penales, se filtren a medios de comunicación o se revelen datos reservados a las partes, grave violación a la ley que conlleva sanción disciplinaria, pero que se ha convertido en costumbre por parte de aquellos llamados a ejercer la justicia.

“Respecto a lo que hicieron formal reserva, en representación de su apoderado, de derivar cuales fueren las consecuencias legales que prevé el ordenamiento jurídico”, indicaron.

“Desmentimos la información que ha sido suministrada por parte del Ministerio Público de que nuestro representado conociera de forma alguna a cualquiera de los implicados en el caso Falcón”, puntualizan en el texto.

Afirman que resulta lamentable que con el fin de condicionar la percepción de la población e influenciar a la justicia, se recurra a los medios de comunicación a través de un espectáculo mediático, al que se tiene a la población acostumbrada, disfrazada del estribillo “justicia independiente”.

SANTO DOMINGO.- El procurador adjunto Wilson Camacho afirmó este jueves que “ni un solo papelito” puede mostrar el imputado Conrado Enrique Pittaluga Arzeno para contrarrestar la imputación de que recibió 9.6 millones de dólares en soborno, a través del Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht.

“No hay nada, absolutamente nada, de lo que ha planteado la defensa de Conrado Pittaluga que no esté rebatido, no por nuestros argumentos, sino, por las pruebas”, explicó el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) a periodistas que cubren el proceso que se conoce en el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.

Como ejemplo, citó que Conrado Pittaluga recibió 9.6 millones de dólares, más de 230 millones de pesos a la tasa de 2009. “Él dice que se trata de pago por honorarios”, dijo, pero, “no hay un solo papelito” que diga que Odebrecht le pagó para cubrir honorarios.

Llamó a reflexionar “si es posible que un ser humano reciba 230 millones de pesos y la empresa que le paga no tenga un solo papelito que diga que ese dinero fue de honorarios”.

“No se lo dio la empresa a ellos y la empresa ha dicho aquí, y en los documentos de corroboración, que ese pago salió del Departamento de Operaciones Estructuradas, que fue un pago para sobornos”, añadió.

Camacho dijo que esa es la realidad que a la defensa de Conrado Pittaluga, simple y llanamente le resulta incapaz de rebatir. “Los juicios no es lo que se dice, sino lo que se puede probar y nosotros hemos dicho que ese dinero se recibió del Departamento de Operaciones Estructuradas”, apuntó.

Agregó que de ese departamento se hacían solo pagos para dos cosas, “para sobornos y para pagos ilícitos de campaña; es decir, no había nada lícito que saliera de ese Departamento de Operaciones Estructuradas, y es del lugar donde le pagan nada más y nada menos que más de 230 millones de pesos a Conrado Pittaluga”.

Las juezas Esmirna Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo, del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, escuchan los argumentos y discursos de cierre de las partes, respecto a la acusación del Ministerio Público por los US$92 millones de sobornos que distribuyó Odebrecht con el fin de lograr la adjudicación de obras públicas.

En la jornada de este jueves la defensa de Pittaluga Arzeno expuso sus alegatos respecto a la acusación por los delitos de complicidad en el soborno a funcionarios y lavado de activos producto de infracciones graves.

Los fiscales que representan al Ministerio Público pidieron al tribunal en audiencias anteriores, al presentar su discurso de clausura, que el imputado Pittaluga Arzeno, fuera condenado a 7 años de prisión.

También, pidieron condenas de 10 años de prisión para los coacusados Ángel Rondón Rijo, representante empresarial de Odebrecht, así como para Víctor Díaz Rúa, exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa) y exministro de Obras Públicas.

En tanto que condenas de 5 años de prisión pidieron para los también procesados por este caso, Andrés Bautista García, expresidente del Senado; Tommy Alberto Galán Grullón, exsenador por San Cristóbal, y Juan Roberto Rodríguez Hernández, también exdirector del Inapa.

El órgano acusador también pidió que todos paguen una multa de 200 salarios mínimos y que se ordene el decomiso de bienes en favor y provecho del Estado y el pago de las costas del proceso, además de que se les varíe la medida de coerción por prisión preventiva.

La acusación del Ministerio Público destaca que este órgano persecutor de la corrupción pudo determinar que durante el período comprendido entre 2002 y 2014 el imputado Rondón Rijo entregó altas sumas de dinero por concepto de sobornos a los imputados, quienes producto de las actividades ilícitas con Odebrecht, lograron incrementar de manera exorbitante sus respectivos patrimonios, con montos millonarios que no pueden justificar.

El tribunal dispuso la suspensión de la audiencia hasta el próximo lunes 20 de septiembre, a las 9:00 de la mañana, sesión en la que continuará escuchando a la defensa de Pittaluga Arzeno.