SANTO DOMINGO (República Dominicana).– El fiscal José Miguel Marmolejos sostuvo este viernes que Leoncio Almánzar, exdirector de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (Corde), vendió ilegalmente un millón de metros cuadrados en los que se encuentra localizado el sector Los Tres Brazos.

“En lo que leímos en el día de hoy pudimos ver, por ejemplo, cómo el imputado Leoncio Almánzar vendió ilegalmente un millón de metros cuadrados que conforman el sector de Los Tres Brazos a cambio de aceptar como pago un solar, encima, hipotecado, en una zona rural”, dijo el fiscal de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), al tiempo que definió la acción como “una cosa que es totalmente espantosa”.

“Y así, a medida que vamos leyendo la acusación, nosotros vamos viendo cómo se van distribuyendo cada uno de los delitos cometidos por los imputados. Y nosotros entendemos que con las pruebas que ha aportado el Ministerio Público no quedará otra alternativa que no sea condenar a los imputados (en la etapa de juicio de fondo)”, agregó.

A la salida del tribunal, el fiscal Marmolejos dijo a periodistas de varios medios de comunicación que en la audiencia de este viernes continuaron presentando los cargos establecidos por el Ministerio Público en contra de los imputados.

El representante del órgano acusador precisó que la acusación tiene más de 500 páginas, de las cuales han leído 200.

La pasada semana, tras varios aplazamientos, el Ministerio Público reinició la lectura de la acusación y siguió este viernes, procediendo el juez Rodríguez Consoró en horas de la tarde con su aplazamiento hasta el próximo lunes, 27 de septiembre, a las 9:00 de la mañana.

En el expediente por la venta ilegal de terrenos en el sector Los Tres Brazos, de Santo Domingo Este, además del exdirector de Corde, figuran como imputados Manuel Aybar Ferrando, exgerente inmobiliario de esa entidad; Irving José Cruz Crespo, exconsultor jurídico, y Rosabel Castillo Rolffot, exregistradora de títulos del Distrito Nacional.

De igual manera, son procesados Juana Inés Gómez Williams, representante de la sociedad Proyecciones Gowi S.R.L.; Domingo Gerardo Lebrón de los Santos, presidente de Inversiones Fernández Parache y Asociados (Infepa), S.R.L., y los empleados de esa empresa Carlos Aris Gómez Williams y Julio César Gómez Williams.

Además, José Enrique de Pool Dominici, principal accionista y representante de la entidad inmobiliaria Titulatec; los agrimensores Ana Antonia Ozuna Nolasco y Hadonis Ruiz Mella, así como Lisetel González, quien prestó su nombre en condición de conviviente del imputado Manuel Aybar, para recibir dos apartamentos destinados a beneficiar al exgerente inmobiliario de Corde.

El Ministerio Público también acusa a las sociedades comerciales Proyecciones Inmobiliarias Gowi S.R.L. (Proyinsa), Soluciones Electrónicas Sidenet S.R.L., Infepa, Titulatec S.R.L y Teknowlogic Dominicana S.R.L.

Los fiscales han establecido durante la audiencia preliminar que los imputados desfalcaron y estafaron al Estado dominicano.

La acusación señala que los citados funcionarios se coludieron entre sí para violar el ordenamiento jurídico constitucional y legal a fin de desfalcar al Estado dominicano, vendiendo a precios pírricos todo un sector habitado, a un grupo de empresarios agrupados en la compañía Infepa.

El caso ha recibido la calificación jurídica de violación a varios artículos del Código Penal Dominicano y la Ley No. 448-06, sobre Soborno en el Comercio y la Inversión.

Santo Domingo, R.D.- La Asociación de Abogados Dominicanos en los Estados Unidos (DBA, por sus siglas en inglés) acordó mediante convenios firmados en actos distintos con las universidades Iberoamericana (Unibe) y la Pontificia Católica Madre y Maestra (Pucmm) la realización de actividades académicas que permitan desarrollar el conocimiento del derecho norteamericano y los procesos de homologación de títulos para graduados.

Un primer acuerdo de colaboración interinstitucional fue firmado el miércoles 15 de septiembre por Doralyn De Dios, presidenta de la DBA, con David Álvarez Martín, rector de la Pucmm; y otro similar tuvo efecto este jueves 16, con Odile Camilo Vincent, vicerrectora académica de Unibe, en las sedes de ambos centros docentes, con la asistencia de sus autoridades universitarias.

Doralyn De Dios, quien también se desempeña como fiscal adjunta del condado de Brooklyn, en el Estado de Nueva York, destacó el interés de la DBA en afianzar los intercambios con la comunidad académica y jurídica del país que le permitan servir de puente entre los abogados criollos que ejercen en los Estados Unidos y en la República Dominicana.

Sostuvo que “la DBA, de la mano con Alexis Colón, directivo de dicha asociación en la República Dominicana, trabajó con ambas casas de altos estudios durante varios meses en la materialización de este acuerdo que implica programas de formación de la carrera del derecho de las 2 jurisdicciones, pasantías internacionales, entrenamientos didácticos y la colaboración conjunta de artículos y publicaciones, entre otras actividades.

De su lado, David Álvarez, rector de la Pucmm, resaltó que “para la Madre y Maestra es motivo de alegría y orgullo firmar este acuerdo con la Asociación de Abogados Dominicanos en los Estados Unidos, y nuestra universidad tiene una larga y fructífera tradición de formación de abogados en nuestras dos escuelas de Derecho”.

También añadió que la Pucmm ha consolidado una oferta de excelencia en programas de maestrías y actualmente en alianza con la Universidad del Externado de Colombia tiene el primer doctorado en derecho del país.

El rector Álvarez agregó que “con este acuerdo se extiende el área de influencia de la Pucmm en la educación legal a los Estados Unidos, se crearán mecanismos para respaldar a los dominicanos que ejercen el derecho en la vecina nación y se facilitarán vías para que los estudiantes, egresados y docentes de la Madre y Maestra puedan formarse en el ejercicio del derecho en los Estados Unidos”.

De su parte, la vicerrectora académica de Unibe, Odile Camilo Vincent, señaló que “nos sentimos muy contentos de este acuerdo de colaboración por diferentes razones, entre ellas que la asociación enarbora los valores que tiene Unibe, entre la inducción, la promoción de derechos humanos y las oportunidades.

La académica dijo además, que encontrar aliados que “podamos trabajar juntos en los distintos espacios y comunidades donde nos desarrollamos es sumamente importante para nosotros, y que el formar profesionales críticos y comprometidos con el cambio son temas fundamentales”.

Por último, apuntó que “nosotros somos sede de la Cátedra Unesco de inclusión social y laboral de personas con discapacidad; asimismo, desde la escuela de derecho hemos estado trabajando con clínicas de derechos humanos, entre otros temas, y estos son valores y principios que trascienden desde nuestra escuela; son ejes transversales de nuestra formación y siempre buscamos alianzas como estas que nos ayuden a sumar cada día en la formación académica”.

Santo Domingo, RD.- Con el fin de lograr una fiscalización y persecución más efectiva, el Ministerio de Hacienda y la Procuraduría General de la República suscribieron el nuevo Protocolo para la Persecución de los Consorcios o Bancas de Loterías, de Apuestas Deportivas, Máquinas Tragamonedas, Juegos por Internet, Jugadas Ambulatorias con Dispositivos Móviles y otras modalidades no autorizadas.

El acuerdo, rubricado por el ministro de Hacienda, Jochi Vicente, y la procuradora general Miriam Germán Brito, tiene como objetivo evitar que los operadores de establecimientos de juegos de azar realicen sus actividades al margen de las normativas legales vigentes.

La ejecución y seguimiento directo de la aplicación del protocolo estará a cargo de los titulares del Viceministerio del Tesoro de Hacienda y la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, funcionarios que propondrán los mecanismos interinstitucionales para la debida aplicación y fijarán los enlaces operativos correspondientes para el cumplimento de lo acordado.

«Con la puesta en marcha de este protocolo se busca reforzar la fiscalización, investigación y persecución de la proliferación indiscriminada y no autorizada de máquinas tragamonedas, consorcios o bancas de loterías y de apuestas deportivas, en el marco de las respectivas competencias del Ministerio de Hacienda y el Ministerio Público, por los efectos nocivos que estas causan a nuestra sociedad», enfatizó Jochi Vicente.

El titular de Hacienda agradeció al ministro de Defensa, teniente general Carlos Luciano Díaz Morfa y al director general de la Policía Nacional, mayor general Edward Ramón Sánchez González, por el respaldo que ofrecen a las acciones contra las prácticas ilegales de juegos de azar en el país.

«La proliferación indiscriminada de bancas de loterías, de apuestas y máquinas tragamonedas se ha constituido en un grave problema para la economía familiar y un peligro para la integridad psicológica de niños, niñas y adolescentes, porque muchas veces se instalan en lugares visitados por menores», planteó la magistrada Germán Brito.

«Este acuerdo sustenta las bases para el control de los juegos de azar que no cuentan con la debida autorización legal en el país. El éxito de esta labor depende del trabajo conjunto y armónico entre el Ministerio Público y el Ministerio de Hacienda», agregó.

El protocolo, que hoy se pone en vigencia, mejora considerablemente la aplicación y tramitación de procesos legales que estaban establecidos en otros acuerdos firmados entre ambas instituciones en años anteriores. El Ministerio Público fortalecerá su rol de mayor dirección del proceso y la custodia de bienes incautados y partidas monetarias como medios de prueba en la instrumentación de procesos judiciales, para obtener sentencias condenatorias que reflejen responsabilidad.

El documento establece que se designará un procurador fiscal en cada distrito judicial, que se encargará del tratamiento y ejecución del protocolo y determinará la necesidad de someter a cualquier infractor a la acción de la justicia.

«En casos de operaciones clandestinas, el Ministerio Público, al momento de recibir el requerimiento del Ministerio de Hacienda, procederá a solicitar autorización judicial ante el juez competente, a fines de allanamiento e incautación, procediendo a coordinar con el miembro del Ministerio de Hacienda correspondiente, fecha y hora en que se ejecutará dicha decisión judicial, para garantizar su presencia», estipula el instrumento.

En las actuaciones de los procuradores fiscales los inspectores de Hacienda firmarán, en calidad de testigos, el acta de incautación y cierre de local. Los inspectores deberán denunciar a los infractores ante el Ministerio Público, quien actuará de acuerdo con las previsiones legales que rigen la materia.

En la actividad estuvo presente el teniente general Carlos Luciano Díaz Morfa, ministro de Defensa, y el mayor general Edward Ramón Sánchez, director general de la Policía Nacional.

Además, el procurador adjunto Rodolfo Espiñeira; el director técnico del Despacho de la Procuradora, Félix Tena; la directora general administrativa del Ministerio Público, Vilma Pérez, y la directora legal, Frinette Padilla. Acompañaron al ministro de Hacienda, el viceministro del Tesoro, Derby de Los Santos, y el director de Casinos y Juegos de Azar, Aníbal Amparo García.