Santo Domingo. –El Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX) afirmó este miércoles que el Gobierno dominicano no puede hacerse responsable de suplir las necesidades de Haití, en relación a la postura presentada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre las parturientas haitianas.

A través de un comunicado, la Cancillería reiteró que la comunidad internacional debe intervenir al vecino país, al tiempo que calificó de injusto los cuestionamientos de la comisión sobre las deportaciones de embarazadas.

Igualmente, explicó que no se están violando los compromisos asumidos en los tratados internacionales, ya que la deportación de parturientas haitianas no se representan riesgo a ser sometidas a torturas, tratos crueles, persecución política u otras violaciones graves a sus derechos humanos.

“El Gobierno dominicano respeta irrestrictamente el principio de no devolución (non-refoulement) en elsentido de no deportar a individuos que corren el peligro de ser sometidos a torturas, tratos crueles, persecución política u otras violaciones graves a sus derechos humanos, en razón de su raza, credo, opinión política, nacionalidad, etc”, dicta el comunicado.

Comunicado integro:

El deterioro institucional de Haití, sobre todo a partir de 2019, ha agravado una situación excepcional y extraordinaria de ingreso masivo de migrantes haitianos hacia República Dominicana, entre ellos, mujeres embarazadas en procura de los servicios gratuitos de salud pública que su gobierno no les provee.

En 2018, se registraron 14,693 partos de madres haitianas en hospitales públicos dominicanos. En 2019, con el aumento de la inestabilidad en ese país, los partos casi se duplicaron a 27,984. En 2020, aumentaron a 30,322 y entre enero y septiembre de 2021 se han registrado 24,376 en la red de hospitales públicos. Esto implica que mientras en 2018, el 12.5% de los partos de la totalidad de la red pública fueron de madres haitianas, esta proporción aumentó a 23% en 2019, a 27.2% en 2020 y a 30% en los primeros nueve meses del 2021.

Lamentablemente, Haití vive una situación de precaria gobernabilidad y violencia extrema que motiva a muchos de sus ciudadanos a buscar servicios básicos fuera de ese país. Esta incapacidad del Estado haitiano para suplir las necesidades de su ciudadanía es una corresponsabilidad de la comunidad internacional, ya que Haití se encuentra bajo mandato del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas desde 2004. Ese fracaso de la comunidad internacional en Haití ha dejado a República Dominicana en la inadmisible situación de suplir por sí sola la ausencia de servicios públicos del país vecino.

Ese es el contexto en el cual la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA emite su injusto e inoportuno comunicado sobre las embarazadas haitianas en condición migratoria irregular en República Dominicana.

El Gobierno dominicano respeta irrestrictamente el principio de no devolución (non-refoulement) en el sentido de no deportar a individuos que corren el peligro de ser sometidos a torturas, tratos crueles, persecución política u otras violaciones graves a sus derechos humanos, en razón de su raza, credo, opinión política, nacionalidad, etc.

Sin embargo, consideramos que dicho principio no aplica en el presente caso ya que no se trata de perseguidos políticos, miembros de una minoría étnica o religiosa, ni un grupo político particular. En Haití lo que se vive es una situación de pobreza, desigualdad e inseguridad generalizadas, de la cual República Dominicana no tiene responsabilidad alguna.

Se toma nota de la Resolución 1/20 sobre Pandemia y Derechos Humanos y de los Principios Interamericanos sobre los Derechos Humanos de todas las Personas Migrantes, Refugiadas, Apátridas y las Víctimas de la Trata de Personas, entre otros instrumentos citados por la CIDH en su comunicado, los cuales no consideramos aplican en las circunstancias actuales.

Es menester señalar que la normativa internacional sobre los migrantes vulnerables aplica para situaciones ordinarias de migración, en las cuales un Estado no puede discriminar o menoscabar los derechos de un grupo de migrantes frente a sus nacionales. De lo que se trata en este caso, es de una presión masiva y excepcional a los servicios públicos de salud dominicanos, frente a la carencia de estos servicios en Haití. El Estado dominicano tiene el derecho y el deber de controlar esta situación para evitar el colapso de los servicios de salud sexual y reproductiva en nuestra red pública de hospitales.

Las normas internacionales sobre migrantes no responden al estado de emergencia migratoria que asedia a nuestro país, la región y el mundo hoy día. En efecto, el hemisferio se encuentra sumido en una crisis nunca vista, donde decenas y decenas de miles de migrantes se movilizan por Centroamérica y Norteamérica. La mayoría de los Estados de paso y de destino de la región se ha visto obligada a tomar medidas para deportar a esta abrumadora cantidad de migrantes.

Este es un problema hemisférico y global que requiere soluciones creativas y novedosas, desde una perspectiva multilateral, con el aporte de los Estados y los organismos internacionales. No es el momento de recriminar a los Estados que responden a esta situación en función de su actual infraestructura de servicios, cuya primera responsabilidad son sus ciudadanos.

Invitamos a la CIDH a consultar con el Estado de manera oportuna las situaciones particulares de las que tenga conocimiento y que puedan generarle dudas para, a través de los canales oficiales, suministrar las informaciones necesarias y así evitar descontextualizaciones ante la opinión pública, reputando como veraces situaciones no verificadas.

Respecto a la denuncia sobre un caso en el que una mujer haitiana fue supuestamente deportada después de dar a luz y separada de su bebé, el Gobierno dominicano afirma que, después de investigar, no existe evidencia de que esto haya ocurrido. Hasta el día de hoy se han registrado cuatro casos de mujeres que han entrado en labores de parto al momento de ser trasladadas al centro para migrantes ubicado en Haina.

En esos casos, todas fueron enviadas al hospital en ambulancia y luego de haber recibido el alta médica, la Dirección General de Migración (DGM) las trasladó de regreso en ambulancia a recintos de acogida, donde se les ha provisto alimentos, vestimenta, refugio y productos de higiene personal para la madre y los neonatos.

En todo caso, la DGM mantiene un protocolo para los migrantes vulnerables, como es el caso de las mujeres embarazadas, en el que se garantiza la seguridad, la integridad y la salud de las personas. En primer lugar, la Dirección General de Migración cuenta con un servicio de ambulancia las 24 horas del día para el traslado de las embarazadas a un centro hospitalario de ser necesario. Asimismo, se habilitó un presupuesto especial para pagar los gastos de emergencia requeridos. En caso de que una embarazada sea ingresada en un centro de salud, las autoridades no penetran al hospital, solo el personal médico que asume el caso.

Cabe destacar que este protocolo integra la incorporación de un equipo conformado por mujeres en los operativos para garantizar la integridad física de las pacientes, e impide tajantemente la deportación durante las labores de parto. La repatriación solo ocurre cuando es médicamente seguro para la madre y la criatura. Para atender los casos de las embarazadas próxima a dar a luz, se cuenta con el apoyo del Consejo Nacional de la Niñez (CONANI).

El Gobierno dominicano reafirma su compromiso con el derecho internacional general y americano y, en particular, con la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los demás tratados en la materia ratificados por el país.

Sin embargo, ante la incapacidad del Gobierno haitiano para resolver las necesidades básicas de su población y la inexcusable ausencia de la comunidad internacional en ese sentido, República Dominicana manifiesta su más enérgico rechazo a la irresponsable pretensión de colocar la solución de los problemas haitianos sobre los hombros dominicanos. Nunca habrá una solución dominicana a la situación haitiana.