Ciudad de México (EFE).– Varias decenas de migrantes haitianos realizaron su tercera jornada de protesta pidiendo que autoridades mexicanas regularicen su situación, lo que provocó un enfrentamiento con agentes policiales.

«Aquí en Ciudad de México no tenemos trabajo y tenemos que mantener a nuestras familias, pero no tenemos documentos. Estamos protestando hasta que las autoridades nos entreguen papeles», dijo uno de los aproximadamente 30 migrantes a los medios de comunicación.

Realizaron una protesta frente al edificio de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) y pidieron ser atendidos por algún representante de la institución y también del Instituto Nacional de Migración.

Los haitianos cortaron la entrada a las instalaciones e intentaron entrar en el edificio, momento en el que intervinieron agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Entonces se vivieron momentos de tensión con enfrentamientos entre los policías y los migrantes, quienes arrojaron algunos palos y cubos, pero pronto cesó el choque porque personal de la Comar les aseguró que serán atendidos.

Los manifestantes insistieron en la urgencia de que las autoridades atiendan su situación, ya que muchos llevan meses en la capital mexicana y no logran encontrar un trabajo que les permita pagar el alquiler de un lugar donde vivir ni cubrir las necesidades de sus familia.

«Queremos vivir aquí en México y por eso necesitamos tarjeta temporal. Pedimos una comisión de migración para resolver nuestros casos, queremos documentos legales para nosotros», añadieron.

Cerca de 13.000 migrantes irregulares, en su mayoría de Haití, se quedaron varados en septiembre en un campamento improvisado bajo el puente internacional que une Del Río (Texas) con la mexicana Ciudad Acuña, en Coahuila.

Los haitianos provienen de Brasil y Chile después de que, en agosto, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) informó de la ampliación del programa del Estatus de Protección Temporal (TPS), un anuncio que los traficantes tergiversaron, según dijo el martes el canciller de México, Marcelo Ebrard.

Ante las dificultades, algunos decidieron acudir a Ciudad de México para intentar permanecer de manera legal en el país latinoamericano.

Sin embargo, hasta el momento continúan esperando una respuesta positiva por parte de las autoridades mexicanas.

La región vive un flujo migratorio récord hacia Estados Unidos, cuya Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza detectó a más de 1,7 millones de indocumentados en la frontera con México en el año fiscal 2021, que terminó el 30 de septiembre.

Mientras que México ha interceptado a más de 252.000 migrantes indocumentados de enero a noviembre y deportó a más de 100.000 en el mismo periodo, de acuerdo con la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación del país.

La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados recibió un récord de 131.488 solicitudes de refugio en 2021.

Washington, Estados Unidos | AFP.- El Congreso de Estados Unidos ordenó una investigación al Departamento de Estado sobre el asesinato en julio de 2021 del expresidente haitiano Jovenel Moise.

El Senado votó por unanimidad el jueves que se emita un informe en un plazo de 180 días con una «descripción detallada» sobre las circunstancias que rodearon el asesinato de Moise. 

El informe, ya autorizado por la Cámara de Representantes, también analizaría si hubo interferencia en la investigación oficial y si alguno de los responsables del crimen trabajó en algún momento para el gobierno estadounidense.

A principios de este mes, la fiscalía estadounidense acusó a un exsoldado colombiano, Mario Palacios, de conspirar para secuestrar o matar a Moise en una operación en la que murieron tres mercenarios colombianos y otros fueron detenidos. 

A día de hoy persisten interrogantes sobre el móvil del asesinato de Moise, quien había prolongado su mandato en el país caribeño en medio de gran polémica, ya que la oposición estimaba que había concluido en febrero. 

Según la policía colombiana, los detenidos afirmaron que tenían previsto secuestrar a Moise y entregarlo a la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos. 

El primer ministro haitiano, Ariel Henry, afirmó recientemente que quiere «que triunfe la justicia por el asesinato infame» de Moise.

La ley aprobada por el Congreso también exige que el Departamento de Estado informe sobre los derechos humanos y el uso de la ayuda desde el terremoto que devastó al país en 2010. 

«Estamos muy preocupados de que un gobierno haitiano que es tan inestable como corrupto permita o fomente más abusos contra los derechos humanos», señaló este viernes el senador demócrata Ben Cardin, uno de los promotores de la ley, en un comunicado.

Estados Unidos «debe actuar con urgencia para ayudar a nuestros vecinos haitianos», añadió, precisando que UNICEF ha informado de que 1,6 millones de personas en Haití, incluidos 800.000 niños, necesitan urgentemente asistencia humanitaria. 

La normativa también exige una investigación y presiona para que se rindan cuentas por la masacre en el barrio La Saline de Puerto Príncipe en 2018, en la que murieron decenas de personas.

«Durante demasiado tiempo, el pueblo haitiano ha soportado las penurias de la corrupción, las bandas criminales, los disturbios civiles y los devastadores desastres naturales», afirmó este viernes el senador republicano Marco Rubio, en un comunicado.

Sin un parlamento funcional desde hace dos años y con un poder judicial paralizado, Haití, el país más pobre del Caribe, se hunde en una crisis de gobernanza.

El creciente control de las pandillas sobre el territorio nacional lastra las esperanzas de una mejora de las condiciones de vida para la población, víctima de secuestros cometidos a diario por bandas armadas.

Pekín (EFE).- Más del 86 por ciento de la población de China ha recibido ya la pauta completa de las vacunas que el país administra contra la covid-19, según datos oficiales hechos públicos este sábado por la Comisión Nacional de Sanidad.

Hasta el viernes China había inoculado las dosis necesarias para la vacunación completa de más de 1.220 millones de personas, es decir, el 86,4 % de los 1.412 millones de habitantes que tiene el país, indicó hoy en rueda de prensa el portavoz de la comisión sanitaria, Mi Feng.

El año pasado, el jefe del equipo anti-covid chino, el epidemiólogo Zhong Nanshan, indicó que la inmunidad de rebaño no llegaría hasta que se vacunase al 83,3 % de la población.

Zhong aseguró entonces que la letalidad de la covid debía caer desde el actual 1 % hasta cerca de un 0,1 % para que el país pueda recuperar la «normalidad».

Hasta ahora, China se ha mantenido implacable en su política de tolerancia cero contra la covid, con estrictas restricciones a la movilidad, confinamientos selectivos o completos para atajar los rebrotes activos en el país y el cierre prácticamente total de sus fronteras para evitar casos importados.

El portavoz Mi señaló hoy que el país asiático se enfrenta a «un gran desafío» por las variantes deltas y ómicron del virus a quince días de que empiece el Año Nuevo chino, con lo que las autoridades han pedido que no se viaje si no es «estrictamente necesario», con el objetivo de eludir los desplazamientos masivos típicos de estas fechas.

También se han puesto en marcha medidas más estrictas en la capital, Pekín, para «garantizar la seguridad» de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022, que comenzarán el próximo 4 de febrero.

Los organismos encargados de la gestión de la pandemia en la capital han exigido a todos los responsables «no relajarse» y a «fortalecer el trabajo» para prevenir «la propagación oculta» del patógeno.

Por otra parte, las tareas para controlar el virus en la ciudad central de Xi’an, que se encuentra completamente confinada desde el pasado 23 de diciembre, han entrado en su «etapa final», según Mi.

Mientras, en la ciudad septentrional de Tianjin, donde se detectó un brote de ómicron, se han llevado a cabo varias rondas de test masivos a la población, y también se han decretado confinamientos parciales y prohibiciones para salir de la ciudad.

Al margen de Xi’an y Tianjin -que hoy contabilizaron 4 y 39 nuevos contagios locales-, también se notificaron este sábado casos de covid por transmisión comunitaria en las provincias de Henan (centro, 52), Cantón (sur, 8) y Zhejiang (este, 1).

Nursultán (EFE).- Las autoridades kazajas detuvieron hoy al exviceministro de Energía, Zhumbay Karagáev, por el aumento del precio del gas licuado que provocó los disturbios en el país, al tiempo que apartaron de empresas energéticas nacionales a dos yernos del primer presidente de la nación, Nursultán Nazarbáyev.

La Agencia de Supervisión Financiera de Kazajistán informó en un comunicado que el equipo de investigación del departamento de la región occidental de Mangistau, donde se originaron las protestas que devinieron poco después en disturbios, detuvo a Karagáev, a jefes de plataformas de comercio electrónico y a otras personas.

Lo hicieron por su «implicación en el aumento injustificado de los precios del gas licuado de petróleo en la región de Mangistau».

Las protestas se desataron el pasado 2 de enero porque a principios de enero el precio del gas licuado, utilizado en muchos vehículos en el país como alternativa barata a la gasolina, se duplicaron cuando el Gobierno dejó de controlar sus precios.

Aunque el presidente de Kazajistán, Kasim-Yomart Tokáyev, volvió el día 5 a regular el precio por un plazo de 180 días, las manifestaciones ya se habían vuelto violentas alentadas por el descontento social con la corrupción y la élite del país, en el que la familia Nazarbáyev tiene una gran influencia y vastos intereses económicos.

Las protestas fueron reprimidas por la fuerza en una operación «antiterrorista» con un balance de al menos 164 muertos y más de 10.000 detenidos.

Nursultán ha afirmado que evitó un intento de golpe de Estado de «bandidos armados» y «terroristas internacionales», si bien aún no ha presentado pruebas de ello.

«Para los empresarios y en general en la sociedad, hay muchas preguntas por las actividades de una empresa llamada Operadora ROP», cuya fundadora es la hija menor de Nazarbáyev, Aliya Nazarbayeva, dijo, al tiempo que consideró que la empresa de residuos debe pasar a manos del Estado.

Este sábado además la compañía nacional de gas, QazaqGaz, rescindió los poderes de Kairat Sharipbayev, marido de la hija mayor de Nazarbáyev, Dariga, como presidente de la junta directiva.

Asimismo, la empresa nacional de transporte de petróleo, KazTransOil, puso fin al mandato de Dosanov Dimash, esposo de Aliya, como director general.

La producción de petróleo, la producción de gas y el transporte de petróleo se concentran en manos de los tres yernos de Nazarbáyev, ya que otro yerno es presidente de Kazenergy, asociación que suma a más de 80 actores importantes en el negocio del petróleo, el gas y la energía.