Santo Domingo.- El procurador adjunto Wilson Camacho sostuvo este viernes que el ex procurador general Jean Alain Rodríguez Sánchez, principal imputado por corrupción administrativa del Caso Medusa, debe mantenerse en prisión preventiva, como medida de coerción, y deploró el afán del imputado por alargar y obstruir el proceso valiéndose de un sinnúmero de recursos, incluyendo personas y dinero.
El exprocurador Rodríguez Sánchez, en su nuevo intento por obtener su libertad, solicitó la revisión de la medida al Tercer Juzgado de la Instrucción, audiencia aplazada este viernes por el juez Amauri Martínez para el próximo 17 de octubre, a las 9:00 de la mañana.
“¿Por qué Jean Alain debe seguir en medida de coerción de prisión preventiva? porque en ningún caso, ningún acusado ha dedicado tanto tiempo, personas y dinero para procurar obstruir un proceso”, respondió Camacho, responsable de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), a los periodistas que le preguntaron sobre el tema a su salida del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
“Nadie se ha dedicado, por ejemplo, a hacer seis recusaciones en contra del Ministerio Público procurando que su proceso no se conozca. Ese comportamiento procesal indica que Jean Alain Rodríguez Sánchez debe permanecer en prisión preventiva”, subrayó.
Aseguró que el Ministerio Público estaba listo para conocer la revisión de medida de coerción. “Nosotros, se puede revisar nuestro récord, nunca, en ningún caso, hemos aplazado ninguna revisión de medida de coerción, incluso, cuando los propios documentos que traen las defensas, se nos entregan en las salas de audiencia”, apuntó.
“Nosotros revisamos en las salas de audiencias y tenemos la capacidad para responder en ese mismo escenario”, añadió.
“¿Por qué se ha aplazado la audiencia en el día de hoy? Bueno, el tribunal ha dicho a la defensa de Jean Alain Rodríguez que deben notificar su solicitud y sus presupuestos a la barra del Estado y a la Fundación Alfredo Nobel. Ellos debieron poner este proceso en condiciones de ser conocido, no lo hicieron, y por su falta, esta audiencia se ha aplazado en el día de hoy, cuando el Ministerio Público estaba listo para conocerla”, dijo.
Recalcó que el Ministerio Público tiene una investigación blindada en contra de Rodríguez Sánchez. “Si ustedes se dan cuenta, Jean Alain no suele hablar de la cantidad de hechos sobre esa acusación, no habla del movimiento Renovación, no habla del esquema de sobornos que se estableció en el Plan de Humanización, no habla de un solar que le fue vendido, incluso a la Fiscalía del Distrito Nacional, entre otros temas que nosotros habremos de discutir en el tribunal en su momento oportuno”, sostuvo.
El titular de la Pepca recomendó al exfuncionario “concentrar sus energías en defenderse de una acusación de la que él sabe que no tiene escapatoria”.
Además de Camacho, en la audiencia representaron al Ministerio Público la procuradora de corte Mirna Ortiz, coordinadora de Litigación de la Pepca, y Emmanuel Ramírez.
Los imputados de la Operación Medusa enfrentan cargos criminales por coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado. También, por sobornos, crímenes y delitos de alta tecnología y lavado de activos.
El Ministerio Público presentó una acusación con un volumen de 12,274 páginas y dentro de esas más de 3,500 pruebas y entre las pruebas, más de 400 testigos. La acusación fue presentada contra 41 personas físicas y 22 empresas.
Por el caso guarda prisión el exprocurador Jean Alain Rodríguez Sánchez, principal imputado del caso. También, el exdirector de Tecnología de la Información y la Comunicación del Ministerio Público, Javier Alejandro Forteza Ibarra; el exdirector administrativo, Jonathan Joel Rodríguez Imbert, y Alfredo Alexander Solano Augusto, exsubdirector administrativo.
Jenny Marte Peña, exencargada de Proyectos, cumple arresto domiciliario, al igual que la ex subdirectora administrativa Altagracia Guillén Calzado, así como Rafael Antonio Mercedes Marte, exdirector de Contabilidad.
El proceso también se sigue contra el exasesor Miguel José Moya, a quien le fue impuesta una garantía económica de un millón de pesos en modalidad de contrato con compañía aseguradora, impedimento de salida y presentación periódica.
