«¡Váyanse!». El grito de la turba enardecida resuena en una montaña plagada de cultivos de hoja de coca en un enclave guerrillero de Colombia. En la cima, decenas de militares se replican en un conflicto que resquebraja la apuesta de paz del gobierno.

Las montañas del Cañón del Micay (suroeste) se han transformado en un micro-Estado, bajo el mando de guerrillas enfrentadas entre sí y en guerra contra el ejército. En el medio, los campesinos sufren la violencia y el abandono estatal.

«Tenemos miedo, temor, desesperación, desesperanza, tristeza. Eso es lo que tenemos en el corazón», dice a la AFP un líder de 67 años que no quiso revelar su identidad.

Desde octubre militares y policías intentan sin éxito tomar el control de una de las regiones con más narcocultivos de Colombia, el mayor productor de cocaína del mundo.

La ofensiva «Perseo» sufrió un duro golpe el jueves cuando 29 uniformados fueron retenidos por pobladores hasta el sábado, tras intensos choques que dejaron tanquetas incendiadas y casas baleadas. El martes, cinco soldados murieron por un ataque guerrillero con explosivos.

Los habitantes alegan que las maniobras militares sólo traen más muertos y claman por un Estado que remedie la falta de educación, salud y servicios básicos. Otros, en voz baja, confiesan hastiados que son movilizados bajo órdenes de disidentes del Estado Mayor Central, la organización más poderosa en la región.

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Los rebeldes que rechazaron el acuerdo de paz con las FARC en 2016 operan a la vista de todos. De civil o de camuflado, vigilan con fusil en mano en improvisados ​​puestos de control. También prohíbe el consumo de cocaína y en ocasiones de alcohol.

Desencantados del gobierno de Gustavo Petro, los pobladores piden no erradicar el sustento de miles de familias cocaleras en esta región del Cauca, el departamento donde el mandatario izquierdista recibió en 2022 un respaldo apabullante (81% de votos).

«Se suponía que era el gobierno del cambio y mire cómo nos ataca, nos trae es guerra. En vez de llegar a nuestro territorio con inversiones (…) llega es a atacarnos», dice un líder campesino y recolector de 37 años, que pidió anonimato.

«Decepcionados»

Los inagotables narcocultivos lucían desolados durante la visita de la AFP. Quienes suelen deshojar el paisaje sin descanso estaban consagrados a expulsar al ejército, con una logística meticulosa de cientos de participantes divididos en tareas de alimentación, transporte, hospedaje y masivas romerías hasta los puestos militares.

Petro asegura que los pobladores son «instrumentalizados» por grupos armados.

«Lo que piensa el gobierno en el Cañón del Micay no es quemar ranchos, (…) no es fumigar campos (…) Es transformar la economía por una que haga progresar. Y le pedimos al campesinado del Micay que nos ayude, que no ayude al traqueto (narco)», dice.

«La mayoría quiere ayudarnos, votaron por nosotros (…) no los vamos a traicionar», insiste. En la zona todavía hay 1.500 militares y policías.

El sábado a medianoche, los pobladores despertaron espantados por comentarios de un posible bombardeo. La alerta: un ruido sobrevuelo seguido de un estruendo similar al de un bombazo. Según los habitantes, hubo una explosión en una zona deshabitada, lo que consideran una estrategia militar de «guerra psicológica«.

«Teníamos una gran esperanza que este presidente nos iba a cambiar la vida o iba a ser un apoyo. Fue todo lo contrario. Hoy nos sentimos decepcionados«, lamenta la mujer afrodescendiente.

«Si no quiere que no haya inversión social, qué no haya nada. Pero que nos dejen vivir tranquilos«, clama.

Prosperidad y miedo

La guerrilla del ELN y otra disidencia de las FARC acechan también por el control de las plantaciones y su transformación en pasta base para la cocaína.

Los narcocultivos se quintuplicaron en Cauca en los últimos diez años, con 31.844 hectáreas en 2023, según la ONU.

La violencia se extiende en el país y pone en jaque la «paz total», apuesta de Petro para desactivar seis décadas de conflicto.

A partir de la bonanza cocalera y el oro ilegal, las comunidades aseguraron que mejoraron los caminos, dotaron las escuelas y compraron ambulancias a partir de colectas.

En puntos de control, los guerrilleros exigen una acreditación expedida localmente, renovable cada año y que funciona como permiso para estar en la zona. Otro carne por unos 17 dólares permite usar las ambulancias.

Agricultores, prostitutas y mineros ilegales viajan con su identificación en camionetas de placas ocultas por carreteras desvencijadas.

Para la investigadora Juana Cabezas de la ONG Indepaz, «Colombia no volvió a los viejos tiempos» del conflicto ni tiene «los peores índices de violencia».

Lo que sí observa es una «reconfiguración armada» marcada por una fractura de las organizaciones desde el desarme de las FARC en 2017.

La fragmentación de los grupos también dividió familias y antiguos amigos. Ahora los pobladores evitan visitar pueblos vecinos, ya que los forasteros son sospechosos.

«Nuestros sueños están frustrados (…) lo único que nos queda es la muerte», asegura el líder afro, viuda tras el asesinato de su esposo.