Foto: La Defensora del Pueblo Europeo, Emily O'Reilly. EFE/ Laurent Dubrule/Archivo
Bruselas, (EFE). –La ONG Transparencia Internacional (TI) advirtió que la Unión Europea (UE) debe aún recorrer un «largo camino» antes de poder asegurar que su toma de decisiones no es opaca para el gran público en un momento en el que señala «optar por el secretismo hace que los ciudadanos acaben pagando el pato».
Así se desprende de un estudio elaborado por esta organización, que recoge los progresos y deficiencias en el área de transparencia e integridad en las tres instituciones (Comisión, Parlamento y Consejo) y apunta a déficits en áreas como la publicación sistemática de documentos, las reuniones secretas con grupos de presión o la falta de cumplimiento de los códigos éticos de los que se dotan los propios organismos.
«La transparencia y la integridad nunca habían sido tan importantes en la Unión Europea. La crisis con los contratos de las vacunas podría haberse evitado, o al menos mitigado, con una mayor transparencia», opinó el director de la oficina en Bruselas de TI, Michiel van Hulten, en la presentación del informe.
También la defensora del pueblo europea, Emily O’Reilly, advirtió de que «no debería hacer falta una crisis o una demanda pública para que la transparencia se convierta en una virtud de la administración».
La Comisión Europea:
Transparencia Internacional señaló que la Comisión Europea “está más avanzada en sus medidas de transparencia que la mayoría de gobiernos nacionales y otras instituciones y entidades europeas” y reconoció que su rendición de cuentas al Parlamento “ha mejorado en los últimos años”, aunque la Eurocámara sigue sin tener iniciativa legislativa.
En el extremo opuesto, TI advierte que las respuestas de la Comisión a las peticiones ciudadanas de acceso a documentos suelen interpretarse como “restrictivas” y que, pese a que cuenta con normativas para hacer públicas sus reuniones con grupos de presión, aún hay muchos “deslices” en esta área, ya que la gran mayoría de los altos funcionarios no están obligados a dar cuenta de estas reuniones.
La organización también detecta “lagunas” en el código de conducta que deben seguir los comisarios a la hora de buscar empleo en el sector privado tras su función pública, cuestionado por su ligereza y reforzado en parte tras la contratación del expresidente de la CE José Manuel Durao Barroso por el banco de inversiones Goldman Sachs en 2016.
Entonces, el comité de ética de la CE no vio «motivos suficientes» para establecer que Barroso hubiera faltado a sus deberes de integridad y discreción al fichar por Goldman Sachs y que pudiera, por tanto, pedirse una sanción. En la actualidad, el comité sigue dependiendo de la iniciativa del presidente de la Comisión y no puede comenzar investigaciones de oficio.
“Esto crea un obvio déficit en la legitimidad democrática del trabajo del Consejo, ya que la amplia mayoría del trabajo legislativo sucede a puerta cerrada y la falta de información sobre las posiciones de cada gobierno hace imposible que los ciudadanos y parlamentos nacionales sepan qué está defendiendo su gobierno a nivel europeo”, alerta TI.
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