Agencias.- La muerte de dos opositores presos en Nicaragua encendió las alarmas de exiliados y defensores de derechos humanos, quienes atribuyen esta nueva era represiva a una transición anticipada del poder de Daniel Ortega a su esposa Rosario Murillo. El mandatario, de 79 años, aquejado de problemas de salud, delega cada vez más funciones en la copresidenta, de 74 años.
El fallecimiento en agosto del opositor Mauricio Alonso y del abogado Carlos Cárdenas, ambos detenidos y luego entregados a sus familias sin explicación oficial, fue interpretado como un signo del endurecimiento del régimen. Para organismos internacionales, estos hechos marcan un viraje en la estrategia de Murillo para consolidar su liderazgo.
La represión también ha alcanzado a históricos sandinistas, como Bayardo Arce, Álvaro Baltodano y Henry Ruiz, además del jefe de escolta de Ortega, Marcos Acuña. Según analistas, Murillo busca desarticular cualquier posible disidencia interna, incluso entre aliados tradicionales del Frente Sandinista.
Mientras tanto, Ortega aparece en actos públicos con evidente deterioro físico, dificultades para caminar y semblante pálido. Exiliados cercanos a la familia sostienen que padece lupus e insuficiencia renal, lo que refuerza la percepción de que Murillo se prepara para asumir plenamente el mando.
El control alcanzado por Murillo incluye ya la autoridad militar, tras asumir como copresidenta y entregar personalmente galones a oficiales del Ejército, un gesto inédito en la historia política del país. En paralelo, el aparato gubernamental ha pasado a funcionar como una empresa familiar, con varios hijos de la pareja en puestos clave de poder.
Para analistas y defensores de derechos humanos, Nicaragua avanza hacia un modelo similar a las dinastías autoritarias, donde el poder se concentra en un núcleo cerrado. La influencia de Murillo, su estilo implacable y la fragilidad de Ortega marcan el rumbo de un país sumido en la represión y con escasas perspectivas de cambio democrático.
