Santo Domingo.- El Ministerio Público apelará la decisión que impuso medidas de coerción no privativas de libertad a los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, acusados por el colapso del techo de la discoteca Jet Set, donde murieron 235 personas y resultaron heridas más de 180, el pasado 8 de abril.
El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional impuso garantía económica de RD$50 millones, impedimento de salida y presentación periódica a ambos acusados.
El procurador adjunto Wilson Camacho calificó como “una burla a las víctimas” la medida dispuesta por la jueza Fátima Veloz, quien otorgó garantía económica, impedimento de salida y presentación periódica a los imputados, a pesar de que el caso fue declarado complejo.
Camacho cuestionó que el tribunal no valorara correctamente la magnitud del daño, ni el sufrimiento de las familias afectadas. “Más de 130 niños quedaron huérfanos. Esa conducta, que puso el interés económico por encima de la vida, no puede ser respondida con medidas blandas”, expresó.
La jueza, sin embargo, acogió la calificación jurídica del Ministerio Público, que atribuye a los acusados la violación de los artículos 319 y 320 del Código Penal Dominicano, relacionados con homicidio y lesiones involuntarias por negligencia.
Durante la audiencia, que duró cerca de 14 horas, el Ministerio Público presentó más de 130 elementos de prueba, sustentando su solicitud de prisión preventiva para Antonio Espaillat y arresto domiciliario para Maribel.
Camacho destacó que todos los querellantes y el propio tribunal reconocieron la calidad de la investigación, así como la complejidad de los hechos, encuadrados en lo que definió como culpa consciente.
Entre los elementos presentados, los fiscales establecieron que los hermanos Espaillat sobrecargaron la estructura del techo al instalar seis aires acondicionados industriales y tinacos de agua, sin estudios técnicos ni reforzamiento adecuado.
Además, señalaron que los acusados recibieron advertencias previas sobre el deterioro del techo mediante fotos, videos, reportes técnicos y comunicaciones internas, pero eligieron soluciones improvisadas que priorizaban el ahorro económico sobre la seguridad.
El equipo litigante del Ministerio Público fue encabezado por Camacho, junto a los fiscales Rosalba Ramos, Héctor García, Magalys Sánchez, Emmanuel Ramírez, Rosa Ysabel Mejía, Miguel Collado y Vladimir Viloria.
Al concluir, Camacho reafirmó el compromiso del Ministerio Público con las víctimas y aseguró que continuarán el proceso en busca de justicia plena, utilizando todos los recursos legales disponibles.
