Colombia, EFE.- El Gobierno colombiano denunció el secuestro de 29 miembros de la Fuerza Pública en el departamento del Cauca, donde desde octubre el Ejército desarrolla una operación para recuperar el control de la zona de manos de una disidencia de las antiguas FARC.
Los hechos ocurrieron el jueves en los caseríos El Plateado y La Hacienda, en los municipios de Argelia y El Tambo, según confirmó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez. El funcionario aseguró que «la vida y seguridad de los secuestrados es responsabilidad directa de quienes cometieron este repudiable delito».
Si bien el ministro no detalló quiénes fueron retenidos, medios locales indican que la mayoría serían policías que el jueves repelieron una asonada en El Plateado contra el Ejército, donde además dos vehículos oficiales fueron incendiados.
Grupo Carlos Patiño, señalado como responsable
El ministro atribuyó el ataque al grupo Carlos Patiño, una de las disidencias de las FARC, y a pobladores instrumentalizados por esta organización, quienes, según dijo, actuaron vestidos de civil para infiltrarse y atentar contra los uniformados.
Sánchez señaló que este grupo no solo «recluta de manera forzada a menores de edad», sino que «coacciona a la población civil» con el fin de expulsar a la Fuerza Pública y frenar la llegada del Estado con servicios como salud, educación y empleo.
Operación militar sin resultados concretos
Desde el 12 de octubre de 2023, el Ejército ejecuta la ‘Operación Perseo’ con más de mil soldados para recuperar El Plateado, considerado el principal bastión del grupo Carlos Patiño y un punto clave para el narcotráfico.
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Sin embargo, tras cinco meses, los disidentes siguen controlando la zona, enfrentando constantemente a la Fuerza Pública y frenando proyectos sociales y de desarrollo.
El ministro también denunció la destrucción de un puente que conecta El Plateado con La Hacienda, asegurando que estos ataques afectan directamente a las comunidades al restringir su movilidad y acceso a servicios básicos.
Sánchez reiteró que, a pesar de la violencia en la zona, el Gobierno no realizará erradicación forzada de cultivos de coca en el Cañón del Micay, un paso estratégico del narcotráfico.
