Abogados de dos de los implicados en la presunta red de sobornos desarticulada mediante la Operación Lobo aseguran que sus defendidos actuaron por instrucciones de sus superiores, y que no obtuvieron beneficios personales de las acciones que se les imputan.
Tras más de 24 horas de los arrestos, los detenidos continúan siendo interrogados, mientras se espera que en las próximas horas el Ministerio Público deposite la solicitud de medida de coerción.
Esta presunta red —integrada por militares, policías, civiles y empresarios— habría confabulado para distribuir sobornos y así agenciarse contratos de seguridad privada en instituciones públicas.
Este miércoles, los abogados de dos de los oficiales imputados aseguraron que sus clientes fueron utilizados por sus superiores para depositar dinero en sus cuentas bancarias, que luego era transferido a terceros.
«Es sabido por todos que un oficial, un cabo, un sargento, un teniente, no tienen ningún otro camino, ninguna otra disposición que no sea acatar las órdenes que le imparten los superiores y en el caso particular del nuestro, como otros que hay ahí, le solicitaron permiso, digamos, para depositar dinero y entregarlo sin lucrarse con un centavo», aseguró el abogado Franklin Piña.
«Nuestro representado es un subalterno de un militar y al parecer, confiando en su buena fe de su superior le facilitó el número de cuenta», aseguró el letrado Víctor Manuel Matos quien defiende al acusado Wellington Peralta.
Los implicados llevan más de 12 horas detenidos en la carcelita del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde han recibido la visita de sus representantes legales y potenciales defensores.
Entre los arrestados figuran: el mayor general retirado del Ejército, Carlos Ambrosio Robles Díaz; los coroneles Andrés Pacheco Varela, Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández Vásquez y Elías Caamaño Pérez, todos del Ejército.
También fueron arrestados el coronel de la Fuerza Aérea, Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar; el primer teniente del Ejército, Wellington Peralta Santos; el empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González; y el coronel de la Policía Nacional, Ramón Quezada Ortiz. En Santiago, fue detenido Bolívar Nicolás Fernández Espinal.
La presunta red habría afectado a instituciones como el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), el Seguro Nacional de Salud (Senasa), y las tres empresas distribuidoras de electricidad: EdeNorte, EdeEste y EdeSur.
El Ministerio público tiene 48 horas tras el arresto para solicitar medidas de coerción, por lo que se estima sea depositada en las próximas horas. Es todo lo que tengo por el momento de retorno contigo al estudio.
