La estigmatización y la desconfianza en las autoridades siguen siendo los principales frenos para que mujeres, niños y personas vulnerables denuncien una agresión sexual en República Dominicana. Así lo advierten especialistas, mientras que el Defensor del Pueblo insiste en la necesidad de un sistema judicial más robusto que proteja tanto a víctimas como a testigos.
De acuerdo con cifras del Ministerio Público, de las 1,300 denuncias de violencia sexual registradas en el país durante el año pasado, apenas un 6 % llegó a la etapa judicial. Esto refleja, según los expertos, la magnitud del problema y las deficiencias del sistema de justicia.
En este sentido, el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, subrayó que es urgente fortalecer la confianza en las instituciones y garantizar la seguridad de quienes se atreven a denunciar.
“No es solamente la víctima; sin el testigo, el proceso puede caerse. Desde que un testigo se siente amenazado y deja de asistir a una audiencia, la justicia queda debilitada. Por eso, el sistema debe asegurar que tanto la víctima como el testigo tengan la confianza de que estarán protegidos”, explicó Ulloa.
El miedo a ser señaladas y no ser creídas
Para el psiquiatra Ramón Ceballos, la principal razón por la que muchas víctimas no denuncian es el miedo a ser culpabilizadas o a que las autoridades no les den importancia.
“En nuestra sociedad, estos casos se denuncian muy poco, primero por la estigmatización contra la mujer que ha sido abusada y, en segundo lugar, porque existe la creencia de que las autoridades policiales y judiciales no le dan la importancia debida”, señaló el especialista.
Ceballos también citó datos de Unicef, que revelan que un 65 % de las adolescentes entre 15 y 17 años ha sufrido algún tipo de violencia sexual. Aunque el problema afecta a todos los estratos sociales, los sectores más vulnerables son los más expuestos.
Los especialistas coinciden en que, mientras el sistema judicial no garantice protección y justicia, y la sociedad continúe culpando a las víctimas, la violencia sexual seguirá siendo una herida abierta que muchas personas prefieren ocultar.
Cinco casos de violación grupal registrados en lo que va de año
En lo que va de año, en el país se han denunciado al menos cinco casos de presunta violación grupal, siendo el más reciente el ocurrido en Los Tres Brazos, municipio Santo Domingo Este, donde cinco hombres, con edades entre 19 y 25 años, fueron acusados de abusar sexualmente de una menor de edad.
Por este hecho, un tribunal impuso tres meses de prisión preventiva a Julio José Mateo (25 años), Brailyn Cepeda Ramírez (19), Harolin José Martínez (18), Omar Reyes Vásquez (19) y Yoel Morrobel, alias El Matatán.
A finales de agosto, se reportó en San Francisco de Macorís, provincia Duarte, la violación de una adolescente de 13 años, presuntamente cometida por un grupo de hombres, entre ellos tres menores de edad.
En este caso, Randy Batista (18) y Brahian Sterlin Liriano (19) deberán cumplir prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Vista al Valle, por orden de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de ese distrito judicial.
Ese mismo mes también salió a la luz el caso de una joven de 21 años en Villa González, Santiago, quien fue agredida sexualmente en marzo por un grupo de jóvenes que grabaron el hecho y lo difundieron en redes sociales.
Por esta agresión, fueron procesados José Alfonso Rubiera Rodríguez (Fonso), Delfri de Jesús Rodríguez (Yiyo), Edwin Manuel Castro Guzmán (El Guaro), Javier Eduardo Núñez Toribio y/o Javier Núñez (Bebé), Oniel Rafael Pichardo Martínez (Contreras) y Yamir Fernando Pérez Toribio (Ferrere), quienes cumplen 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción.
En julio, se denunció el caso de una mujer que habría sido víctima de violación y robo a manos de tres policías y un militar, mientras viajaba en un taxi por la avenida España, tras regresar del Aeropuerto Internacional de las Américas (AILA).
Por este hecho, un tribunal de Santo Domingo Este dictó tres meses de prisión preventiva contra el raso de la Armada Luis Ángel Taveras Herrera, así como los agentes policiales Clara Rosa Yoli Gerónimo (sargento), Edwin Yuriel Maríñez Araujo (raso) y Ronny Alberto Monzón Sánchez (raso), quienes fueron sometidos a la justicia por su supuesta participación en el crimen.
