Más de 90 personas han muerto y otras 200 han sido hospitalizados en República Dominicana por el consumo de alcohol adulterado según los informes de las autoridades, mientras el Gobierno procura encontrar medidas para evitar otras muertes y castigar a los culpables de fabricar, distribuir y vender la bebida.
Ayer lunes se reunió la Comisión Ampliada para el Combate de la Producción y Comercialización de Bebidas Adulteradas, encabezada por la vicepresidenta Raquel Peña, con el objetivo de controlar la situación.
En la comisión participan los sectores público y privado, que han llamado a la población a no consumir bebidas que no cuenten con el registro sanitario oficial para ser ingeridas.
Desde el sector industrial se plantean acciones para evitar la fabricación ilegal y venta del alcohol. Al mismo tiempo, la Asociación Dominicana de Productores de Ron (Adopron) ha reiterado que sus empresas miembros se acogen a las medidas establecidas en el Sistema de Control Fiscal y Marcación Fiscal. Ese sistema, conocido como TRAFICO. El sistema coloca sobre la tapa de cada botella una estampilla de seguridad verificable fácilmente y con mecanismos para establecer su autenticidad.
Hasta este lunes tres hombres habían sido apresados y sometidos a la justicia, acusados de fabricar y comercializar las bebidas adulteradas. Mientas, la Policía Nacional continúa allanando casas donde existen «laboratorios clandestinos».
