Santo Domingo.- A pesar de haber sido acusado por el Ministerio Público de estafa y amenaza de muerte en el municipio Sabana Grande de Boyá, provincia Monte Plata, Wilkin García Peguero “Mantequilla”, fue condenado por abuso de confianza por el Tribunal Colegiado del distrito judicial de la referida provincia.
La jueza Laysa Pérez Matos presidió el tribunal que dictó esta decisión, la cual incluye la suspensión condicional de los últimos ocho meses de la pena impuesta.
García Peguero, quien violó las disposiciones del artículo 406 del Código Penal que sancionan el abuso de confianza, fue objeto de la acción penal llevada a cabo por el Ministerio Público, representado por los fiscales Eduardo Velázquez Muñoz y Yalitza Maralay Martínez.
Esto se produjo después de que el Ministerio Público recibiera más de 25 querellas formales por estafa, así como más de 10 denuncias directas de ciudadanos en su contra.
El caso involucra a García Peguero en la gestión de una empresa no regulada llamada 3.14 Inversiones World Wide, que operaba en Sabana Grande de Boyá. Las autoridades financieras advirtieron que esta empresa estaba involucrada en un esquema piramidal y no cumplió con la devolución del dinero invertido por las víctimas.
A pesar de haber sido acusado inicialmente por estafa y amenaza de muerte en el municipio de Sabana Grande de Boyá, García Peguero fue condenado específicamente por abuso de confianza. La sentencia incluye disposiciones adicionales como la obligación de reembolsar el dinero adeudado a las personas afectadas que puedan demostrar haber sido estafadas, así como la presentación periódica ante el juez de ejecución de la pena.
Además, se ha prohibido a García Peguero portar armas de fuego, tener contacto con las víctimas y se le ha exigido mantener un domicilio fijo.
Al término del proceso judicial, García Peguero expresó su conformidad con la decisión del tribunal.
Esta sentencia representa un paso significativo en la administración de justicia en casos de abuso financiero, reafirmando el compromiso del sistema judicial en la protección de los derechos de los ciudadanos contra prácticas fraudulentas.
