SANTO DOMINGO, RD. – Magalys Medina, la ex vicepresidenta administrativa del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper) y hermana del expresidente Danilo Medina, deberá permanecer con un grillete y vigilancia permanente, mientras se investiga su participación en la red de corrupción que dirigía su hermano Juan Alexis Medina Sánchez.
El juez José Alejandro Vargas, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, dispuso además el pago de 10 millones de pesos como garantía económica.
El magistrado consideró que es difícil enviar a una mujer a prisión preventiva ya que su riesgo de fuga era muy bajo.
“Es muy difícil que una mujer se fugue”, destacó.
En tal sentido el magistrado acogió la solicitud del Ministerio Público de declarar el Caso Pulpo como complejo.
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), solicitó que el tribunal debía imponer una coerción que garantice la presentación de Carmen Magalys a la justicia, que evite la destrucción de pruebas y, además, que se intimiden a testigos del expediente estructurado como resultado de la Operación Antipulpo.
¿De qué se acusa a Magalys?
Según el Ministerio Público, desde su posición como vicepresidenta del FONPER, Magalys maniobró para que su hermano Juan Alexis Medina fuera beneficiado con la asignación de contratos para suplir bienes al Estado.
Durante la audiencia, el director de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, planteó que el Fonper llamó a procesos de contratación por comparación de precios y citó uno en el que se presentaron seis empresas, de las cuales cinco eran de su hermano Juan Alexis.
Sostuvo que Carmen Magalys se convirtió en “una vía para que las empresas de su hermano pudieran ganar procesos de licitación por comparación de precios en el Fonper”, como se evidencia en al menos 23 casos.
Siendo Carmen Magalys vicepresidenta del Fonper, su hermana, la exdiputada Lucía Medina Sánchez, recibió al menos 78 millones de pesos para una fundación a través de la cual ejecutaba acciones asistencialistas y de proselitismo en su provincia San Juan.
Según dicha acusación, Carmen Magalys violó la Ley de Declaración de Patrimonio, que incluye sanciones penales que también deben ser consideradas en contra de los imputados por incumplimiento.
