Diez países de Latinoamérica no presentaron avances en la lucha contra la corrupción, según el Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC) 2023, auspiciado por la firma global de consultoría especializada en riesgos «Americas Society/Council of the Americas (AS/COA) y Control Risks», lo que, según este estudio, confirma «un entorno anticorrupción bajo presión en toda América Latina».
Estos países son Bolivia, Colombia, Perú, Ecuador, Venezuela, México, Chile, Costa Rica, Uruguay, y Guatemala, los cuales fueron evaluados en función de la eficacia con la que pueden combatir la corrupción.
Según este análisis, el índice, por primera vez, disminuytó en el puntaje promedio regional desde 2020, por lo que los puntajes desendieron a varios niveles en los 10 países citados.
En el caso de Bolivia, esta nación se mantuvo en el puesto 14, posición que ocupa desde el 2020, pero experimentó su retroceso más significativo en la categoría de sociedad civil y medios de comunicación, que disminuyó un 10%. También retrocedió un 17% en la movilización de la sociedad civil contra la corrupción y se mantiene solo por delante de Venezuela en la variable que evalúa la independencia judicial.
Mientras que Colombia, aunque mantuvo una relativa estabilidad, con un descenso del 2%, descendió en la categoría de sociedad civil y medios de comunicación (un 7%), seguida por la de capacidad legal (un 2%). Pese a que hubo una mejora moderada en la categoría de democracia e instituciones políticas, ese país sigue por detrás de la media regional.
Asimismo Perú mostró un leve retroceso interanual de Perú en su puntuación global (un 2% menos), sin embargo, aún estando en medio de una grave inestabilidad política el país ha sido capaz de hacer frente a la corrupción.
En Ecuador se comprobó un ligero descenso interanual del 3%, lo que le hizo caer del noveno al décimo puesto en el Índice y aunque la incertidumbre política generada por el juicio político del presidente Guillermo Lasso, el entorno anticorrupción se mantuvo con relativa estabilidad.
México, de su lado, continuó con una tendencia a la baja por cuarto año consecutivo, con un descenso del 4%, pero conservando su duodécimo lugar en la en el ranking. El descenso más pronunciado se produjo en la categoría de sociedad civil y medios de comunicación.
En Chile se descendió un 3%, colocándose en una especie de estancamiento en su lucha contra la corrupción. Pese a esto el paísconservó el tercer puesto y se mantiene muy por encima de la media regional.
Costa Rica mostró un retroceso del 5% en su puntuación global, pero manteniendo su segundo puesto en el ranking, y su puntuación para 2023 se mantuvo por encima de los niveles del 2021 y 2020. El país registró descensos moderados en las categorías de democracia e instituciones políticas y capacidad legal, y un ligero repunte en la categoría de sociedad civil y medios de comunicación.
Mientras que Uruguay, a pesar de que se mantiene en el primer puesto del Índice, ha experimentado una ligera tendencia a la baja desde 2021, registrando retrocesos en variables fundamentales de la capacidad legal, como la independencia y la eficacia judicial, la capacidad para combatir los delitos de cuello blanco y la cooperación internacional en materia de orden público.
En el caso de Guatemala, este país centroaméricano registró el descenso más pronunciado en el Índice de todos los países en 2023, con un 15% en términos interanuales. El país registró descensos especialmente considerables en las categorías de capacidad jurídica (20%), y democracia e instituciones políticas (16%).
Y por quinto año consecutivo, Venezuela ocupa el último lugar en el ranking del Índice con la puntuación más baja de la región. Aun así presentó modestos avances en 2022, pero sufrió retrocesos en cada una de las tres categorías en 2023.
Según el estudio, la variable que evalúa la movilización de la sociedad civil contra la corrupción disminuyó un 18%, mientras que la variable que evalúa la calidad de la prensa cayó un 15%, situando a Venezuela en el penúltimo lugar de ambas variables.
