Santo Domingo.- El Ministerio Público presentó cargos graves de corrupción, terrorismo y sabotaje contra seis personas implicadas en el caso conocido como “Camaleón”, que investiga irregularidades en el contrato entre el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y la empresa Transcore Latam.
El escándalo involucra la adjudicación fraudulenta de contratos para la red semafórica y el sistema de videovigilancia del Gran Santo Domingo.
Hugo Beras Goico, exdirector ejecutivo del Intrant, es señalado como el principal facilitador de la corrupción. Durante su gestión, entre agosto de 2022 y noviembre de 2023, Beras autorizó contratos millonarios a empresas sin capacidad técnica, favoreciendo a compañías vinculadas al esquema fraudulento. Su participación fue clave en la adjudicación manipulada del contrato a Transcore Latam.
Frank Rafael Atilano Díaz Warden, coordinador de despacho de Beras, también está acusado de manipular la licitación en favor de la estructura corrupta, asegurando que las decisiones del comité de compras beneficiaran a empresas vinculadas al fraude.
El director de tecnología del Intrant, Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, tuvo un rol técnico clave al facilitar la adjudicación irregular de los sistemas semafóricos y de videovigilancia a Transcore Latam. Baquero adaptó los requerimientos técnicos para favorecer a la empresa, comprometiendo la transparencia del proceso.
José Ángel Gómez Canaán, conocido como Jochy Gómez, es acusado de ser el beneficiario principal del esquema corrupto. A través de su empresa Aurix S.A.S., Gómez controló los contratos y se le acusa de lavado de activos y sabotaje. Además, es responsable del sabotaje a la red semafórica en agosto de 2024, que causó grandes problemas de tránsito en el Gran Santo Domingo.
Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del centro de control de tráfico del Intrant y socio de Gómez Canaán, fue parte de la supervisión fraudulenta del sistema de semáforos. Colaboró con Transcore Latam después de su salida del Intrant, ayudando en la implementación de los esquemas de lavado de activos y en el sabotaje.
Por último, Carlos José Peguero Vargas está acusado de ser el socio financiero de Gómez Canaán. Utilizó su empresa INPROSOL S.R.L. para movilizar fondos y desviar dinero adjudicado a Transcore Latam. Peguero Vargas es responsable de los aspectos técnicos de la vigilancia y espionaje dentro de la estructura.
El Ministerio Público, bajo la dirección de Wilson Camacho del Pepca, busca imputar a los acusados por coalición de funcionarios, lavado de activos y asociación de malhechores, y solicitará 18 meses de prisión preventiva.
