Falsificación de documentos, composición accionaria difusa, movimientos sospechosos de accionistas y contradicción en el pliego de condicione, son parte de las irregularidades encontrada por Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas (DGCP) en la investigación que llevó a cabo la entidad sobre la licitación en la que el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) contrató a la empresa Transcore Latam.
En el día de ayer el director de la DGCP, Carlos Pimentel, informó que envió al Ministerio Público las supuestas irregularidades encontradas en dicha licitación.
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“Sobre el particular, hemos encontrado graves irregularidades en la ejecución del procedimiento, tales como indicios de falsificación de documentos, composición accionaria difusa, movimientos sospechosos de accionistas, entre otros, que nos motivan a depositar ante el Ministerio Público los hallazgos encontrados, con la finalidad de que se investigue a la razón social Transcore Latam, SRL, a fin de que se identifique al beneficiario final de dicha empresa y su participación en actividades ilegales o fraudulentas relacionadas con la contratación”, indicó.
Otras irregularidades que según la DGCP fueron encontrada en dicha licitación están la violación al debido proceso, un documento suscrito solo por el encargado del Departamento de Compras y Contrataciones de esa institución, y no por el Comité de Compras y Contrataciones; falta de perito, entre otras irregularidades citadas en las resoluciones RIC 164-2023 y RIC165-2023, disponibles en la sección Marco Legal de nuestro portal institucional.
“En la decisión de esta Dirección General, quedó comprobada la falta de los peritos, al omitir en la etapa de evaluación técnica la validación de los documentos aportados por la adjudicataria, en especial, aquellos que alegadamente daban cuenta de su experiencia técnica y profesional, así como de los documentos que no vinculan ni guardan relación con la adjudicataria, es decir, que evaluaron sin validar, y en sus informes recomendaron subsanación de aspectos técnicos que no admiten correcciones porque implicaban una mejora de lo ofertado”, dice el organismo en la resoluciones RIC 164-2023.
En la misma resolución la entidad establece que al verificar el pliego de condiciones, se comprobó que, de manera errada, admitía en idioma inglés catálogos de los equipos a ofertar, sin embargo, se evidenció que la adjudicataria presentó en dicho idioma, documentos con los que pretendía sustentar su experiencia como contratista, sin encontrarse acompañados por las traducciones realizadas por un intérprete judicial debidamente autorizado.
La institución reiteró que continuará colaborando plenamente con las autoridades correspondientes durante el desarrollo de la investigación y que proporcionará toda la información necesaria para esclarecer los hechos en cuestión, que favorezcan la adopción de decisiones bien informadas, apegadas al debido proceso y a los principios que informan la actividad de la administración.
