En el Foro Económico Mundial de Davos 2026, el canciller alemán Friedrich Merz afirmó que Europa, y particularmente Alemania, se ha convertido en “campeón mundial de la sobrerregulación”, al reconocer que parte de las dificultades económicas del país están vinculadas a una arquitectura normativa excesivamente densa que ha afectado competitividad y dinamismo empresarial. No se trató de una crítica ideológica, sino de un señalamiento institucional sobre cómo la acumulación regulatoria puede encarecer decisiones productivas y desalentar inversión, según su intervención publicada por el World Economic Forum en enero de 2026.
En paralelo, en Estados Unidos el enfoque ha sido distinto, aunque parte de un diagnóstico similar. En febrero de 2026, la Casa Blanca informó que la administración del presidente Donald Trump había implementado lo que calificó como “el mayor alivio regulatorio en la historia del país”, incluyendo la revocación del Endangerment Finding de 2009, base legal de amplias regulaciones federales sobre emisiones. De acuerdo con el comunicado oficial, la medida busca reducir cargas regulatorias, abaratar costos para empresas y consumidores y fortalecer la competitividad económica de Estados Unidos, según la publicación “President Trump Delivers Biggest Regulatory Relief in History” de la Casa Blanca.
La pregunta es qué ocurre en América Latina y el Caribe. Mientras algunas economías avanzadas revisan su densidad normativa con el objetivo explícito de estimular inversión y crecimiento, la región enfrenta brechas persistentes en productividad, formalidad e inversión. Este artículo se concentra en una dimensión específica que impacta directamente a las empresas, la regulación del mercado laboral formal.
Con base en los datos correspondientes al período 2019 a 2023, publicados en las ediciones 2021 a 2025 del índice Economic Freedom of the World del Fraser Institute, se analiza si la región ha avanzado hacia mayor flexibilidad laboral o si mantiene fricciones institucionales que encarecen la contratación y limitan la competitividad.
El análisis se apoya en el índice Economic Freedom of the World, elaborado anualmente por el Fraser Institute, un centro de investigación económica con sede en Canadá cuyos indicadores son utilizados de manera recurrente en estudios académicos, análisis de clima de negocios y debates sobre competitividad e inversión. El índice evalúa el grado en que las políticas e instituciones de un país favorecen la libertad económica, entendida como la capacidad de individuos y empresas para producir, intercambiar y competir con mínima interferencia estatal. Actualmente cubre 165 jurisdicciones y se construye a partir de decenas de variables agrupadas en cinco grandes áreas, entre ellas tamaño del gobierno, sistema legal, estabilidad monetaria, apertura comercial y regulación.
Dentro de ese universo amplio, este trabajo examina exclusivamente el componente de regulación del mercado laboral. No se analiza el conjunto de la regulación económica, sino tres dimensiones que inciden directamente en la operación cotidiana de las empresas, la facilidad para contratar y despedir trabajadores, la rigidez de las jornadas laborales y los costos asociados al despido.
El índice utiliza una escala de 0 a 10, donde los valores más altos indican mayor flexibilidad regulatoria. En términos prácticos, una diferencia de un punto puede reflejar cambios relevantes en los costos de ajuste empresarial y en la capacidad de adaptación ante ciclos económicos adversos o expansivos.
La cuestión central es decisiva para la competitividad regional, determinar si América Latina y el Caribe han avanzado hacia un entorno laboral más flexible o si mantienen estructuras regulatorias que dificultan la formalización y la atracción de inversión.
América Latina y el Caribe: Evolución del Índice Compuesto de Regulación Laboral
(2019–2023)
El análisis regional comprende 26 economías de América Latina y el Caribe incluidas en el índice del Fraser Institute, entre ellas Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú, Uruguay, Panamá, República Dominicana y diversas economías caribeñas. Se incorpora la totalidad de países clasificados como América Latina y el Caribe en el informe, lo que permite observar la dinámica regional sin excluir economías pequeñas ni casos extremos.
Los datos muestran que, en el último quinquenio disponible, la región no ha experimentado un proceso sostenido de desregulación laboral. El indicador compuesto, construido a partir de la facilidad para contratar y despedir, la rigidez de jornada y los costos regulatorios de despido, se mueve dentro de un rango estrecho entre 5.3 y 5.6 puntos en la escala de 0 a 10.
En 2019 y 2020 la mediana regional se ubicó en 5.33 puntos. En 2021 mejora hasta 5.56 y en 2022 se mantiene en ese nivel. En 2023 retrocede a 5.45. El promedio regional sigue una trayectoria similar, con un ajuste más marcado en el último año.
En términos prácticos, esto indica que no se consolidó un entorno laboral estructuralmente más flexible. El avance de 2021 y 2022 no derivó en una tendencia sostenida, y el retroceso posterior neutraliza parte de la mejora previa.
Estos valores se ubican en la zona media de la escala global. América Latina y el Caribe no presenta mercados laborales extremadamente rígidos, pero tampoco entornos claramente flexibles. La evidencia agregada apunta a estabilidad con oscilaciones moderadas, sin una dirección definida hacia mayor flexibilidad estructural.
Evolución del Índice Compuesto de Regulación Laboral en Países Seleccionados (2019–2023)
Si la curva regional sugiere estabilidad, el análisis por país revela contrastes más marcados. El promedio oculta movimientos significativos dentro del grupo analizado.
Entre 2019 y 2023, Panamá es el país que más avanzó hacia un entorno laboral más flexible dentro de la muestra, con una mejora cercana a un punto en la escala del índice. Uruguay también registra un avance sostenido, consolidando una posición relativamente competitiva en el contexto regional. En ambos casos, el ajuste amplía el margen de maniobra en contratación, jornada y costos de despido, variables relevantes para sectores intensivos en empleo formal.
En el extremo opuesto, México presenta el retroceso más pronunciado del período, con una caída superior a 1.3 puntos. Perú, que partía como uno de los entornos más flexibles del grupo, también registra una disminución superior a un punto. Chile se aproxima a esa magnitud de ajuste negativo. Estos cambios alteran posiciones relativas y pueden incidir en decisiones de inversión comparativa dentro de la región.
República Dominicana muestra un comportamiento intermedio. Tras una caída en 2021 y 2022, el indicador repunta en 2023 y retorna prácticamente a su nivel de 2019. No presenta un deterioro estructural como México o Perú, pero tampoco un avance sostenido como Panamá o Uruguay.
Este resultado adquiere mayor relevancia en la competencia global por atraer inversión extranjera directa. Según la UNCTAD, América Latina y el Caribe capta una proporción reducida de los flujos mundiales, muy por debajo de Asia. En este entorno, la regulación laboral incide en la capacidad de crear empresas y ajustar estructuras productivas.
La experiencia comparada es ilustrativa. Irlanda y Singapur han construido entornos regulatorios ágiles que fortalecen su atractivo para la inversión. En Estados Unidos, la reducción de cargas regulatorias forma parte explícita del debate competitivo, mientras que Alemania ha reconocido que la sobrerregulación ha contribuido a su estancamiento.
No es casual que en economías con marcos laborales poco adaptables la informalidad sea elevada. En México, la tasa de informalidad sobrepasa el 55 % de la población ocupada en 2025, mientras que a nivel regional cerca de la mitad del empleo permanece en condiciones informales, según la OIT. Cuando la formalidad es costosa o compleja, una parte relevante de la actividad económica migra hacia esquemas de menor productividad.
En un contexto donde la inversión compara jurisdicciones con creciente precisión, la flexibilidad regulatoria forma parte del cálculo empresarial. Si la región busca aumentar su participación en los flujos globales de capital y reducir la informalidad que limita su productividad, deberá modernizar su arquitectura laboral y alinearla con la realidad de las empresas que generan empleo formal.
Erick Lobo. Consultor internacional y analista data-driven. CEO de P&G Consulting (México).
