Santo Domingo. – La red desarticulada con la operación Lobo y que operó durante diez años movilizando la adjudicación de contratos de seguridad, pedía entre 200 mil y 600 mil pesos para sobornos a cambio de facilitar contrataciones, omitir supervisiones y acelerar pagos de servicios de vigilancia privada en instituciones del Estado, según el Ministerio Público.
De acuerdo con el expediente acusatorio, la empresa Servicios Nacional de Seguridad Integral (Senase) sirvió como centro de operaciones para canalizar pagos ilícitos a funcionarios de entidades como EDESUR, EDENORTE, SENASA, e INAIPI
Entre los implicados figuran Carlos Ambrosio Robles Díaz, Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar, y Elías Camaño Pérez, quienes eran encargados de seguridad de las instituciones, según los documentos, recibieron pagos directos sin justificación contractual de Quilvio Bienvenido Rodríguez González, amparados en mecanismos contables como “comisiones” y “pagos por servicios”, que en realidad encubrían sobornos.
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Uno de los casos documentados se remonta a Edesur, donde el Ministerio Público asegura que Senase transfirió más de RD$ 15 millones en sobornos, a través de cheques y transferencias electrónicas. Estas sumas tenían como finalidad “neutralizar” la supervisión institucional sobre los contratos de seguridad.
En Senasa se registraron pagos periódicos a Elías Caamaño Pérez, encargado de la seguridad, por más de RD$ 3 millones, mientras que en Edenorte, el entonces jefe de seguridad Andrés Pacheco Valera habría recibido RD$ 5.1 millones mediante transferencias mensuales.
Las transferencias identificadas hasta el momento, recibidas por los funcionarios relacionados al INAIPI ascienden a la suma total de RD$12,846,920.78, conforme a los registros financieros obtenidos durante el proceso de investigación.
