El Banco Central dio a conocer cuatro medidas que tomó la Junta Monetaria en marzo pasado y que en su conjunto buscan ampliar y consolidar la “posición patrimonial del sistema financiero” y cambiario, de forma que los mismos puedan absorber “sin dificultad” los riesgos del entorno global volátil, a la vez que de esa manera se preserva “la estabilidad financiera” a la vez que el mercado es regulado prudencialmente.
La primera medida pretende que los generadores de divisas (turismo, zonas francas y sector exportador) “puedan acceder sin límite a préstamos en moneda extranjera”. En ese sentido, la disposición número uno consiste en revisar las regulaciones sobre el financiamiento en moneda extranjera.
En ese aspecto, los sectores que no generan divisas, por ejemplo, los importadores, podrán acceder a préstamos en moneda extranjera “en términos consolidados, en hasta un monto equivalente al 25% del total de depósitos y financiamientos en moneda extranjera que obtenga cada entidad de intermediación financiera”. Esta medida limita el crédito para un sector que no genera dólares y que deberá demostrar que cuenta con un flujo de ingresos o garantías para poder pagar lo que tomó prestado en moneda extranjera.
No obstante, las autoridades monetarias aclaran, que esta decisión “prioriza el acceso a financiamiento en moneda extranjera a deudores no generadores de divisas de sectores productivos estratégicos para el adecuado funcionamiento de la actividad económica, como la generación y suministro de energía o refinamiento de petróleo”.
Esta disposición lo que busca es moderar el crédito en dólares a “no generadores de divisas para fines de compra de vivienda o consumo personal, reduciendo las exposiciones del sistema al riesgo cambiario-crediticio y permitiendo a estos deudores suplir sus necesidades de financiamiento mediante préstamos en moneda nacional”.
La segunda disposición tomada el 24 de marzo pasado, es un complemento de la primera y lo que pretende es regular a las entidades de intermediación financiera que otorgan esos préstamos en moneda extranjera a los no generadores de divisas (estableciendo requerimientos prudenciales para fortalecer la solvencia regulatoria). Para ello se aumentaron los “ponderadores de riesgo en 1.5 veces”.
Lo anterior quiere decir, que los bancos o entidades de intermediación financiera que presten en dólares a sectores que no generan dólares, “deban tener respaldo de mayor capital en el otorgamiento de estas operaciones crediticias”, debido a los riesgos adicionales que significa para la economía prestar en dólares para agentes que como ingreso reciben pesos. Y ahí las autoridades añaden que esta medida contribuye a “robustecer el capital bancario ante escenarios de alta volatilidad en los mercados internacionales, para una mayor protección de los depósitos de los ahorrantes”.
La tercera disposición dispuso ajustar hasta un 25% el límite existente sobre la diferencia entre activos y pasivos en dólares en las entidades de intermediación financiera y cambiaria, lo que se conoce como posición neta en moneda extranjera. Este límite aplica para el capital pagado y las reservas legales. Ese límite sólo podrá tener un máximo promedio semanal de aumento de 5 millones de dólares, es decir, “una holgura de aumento de hasta US$25 millones por semana. Este ajuste contribuye a reducir el impacto adverso que puede experimentar el patrimonio del sistema financiero ante potenciales oscilaciones de la tasa de cambio del peso dominicano con respecto a divisas convertibles”.
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En una cuarta medida la Junta Monetaria aprobó “la indexación del capital mínimo requerido a los agentes de cambio y agentes de remesas y cambio, aumentándolo a RD$23.0 millones para aquellas remesadoras y agentes de cambio de mayor catálogo de operaciones, definidos como de categoría “A” según el Reglamento Cambiario vigente, y a RD$11.5 millones para los que operan con un menor volumen, categorizados bajo categoría “B”. Esta medida fortalece la base de capital de estos intermediarios cambiarios para operar con mayor eficiencia”.
El comunicado del Banco Central indica que con “este conjunto de medidas” se “amplía y consolida la posición patrimonial del sistema financiero para poder absorber sin dificultad potenciales riesgos producto de entornos volátiles y de mayor complejidad a nivel global, contribuyendo a preservar la estabilidad financiera, en un marco en que la regulación prudencial”, en el que “converge gradualmente hacia las prácticas regulatorias internacionales”.
Al final de cuentas, lo que las autoridades buscan con estas medidas es establecer “que el sistema financiero cuente con un respaldo ampliado de capital, ante los potenciales movimientos adversos en los precios de los activos financieros externos, como tasas de interés, materias primas y monedas, entre otros”.
Ya el 20 de febrero de este año, la Junta Monetaria había aprobado la implementación de medidas del valor razonable (Mark to Market) en la presentación de sus estados financieros “reflejando el proceso de adecuación regulatoria que se lleva a cabo desde la Administración Monetaria y Financiera, en consonancia con las Normas Internacionales de Información Financiera y las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional”.
Para el diseño de las medidas tomadas en marzo pasado, se consideró el incremento del crédito privado en moneda extranjera en los últimos años, a personas físicas y jurídicas cuyos ingresos se encuentran denominados en pesos dominicanos. Además, fueron evaluadas las acciones regulatorias de referencia para este tipo de operaciones, incluyendo las recomendaciones del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea y el Fondo Monetario Internacional (FMI).
La Junta Monetaria, el Banco Central y la Superintendencia de Bancos se mantendrán vigilantes del cumplimiento de estas disposiciones regulatorias, en procura de la resiliencia y fortalecimiento sostenido de los intermediarios financieros y cambiarios, como parte integral y esencial de la economía dominicana.
