Mediante una intimación formal, la Junta Central Electoral (JCE) ha requerido al partido Fuerza del Pueblo (FP) que sus actividades de protesta se adhieran estrictamente a las normativas electorales.
La JCE argumenta que la «Marcha del Pueblo» celebrada recientemente podría interpretarse como propaganda electoral anticipada, conducta que conlleva sanciones legales.
El documento fue entregado al partido por el alguacil Ramón Darío Ramírez Solís, actuando bajo las directrices del Pleno de la JCE, representado legalmente por Denny E. Díaz Mordán.
La base de la decisión radica en que el evento del 30 de noviembre de 2025 fue públicamente promovido y liderado por el FP, utilizando su identidad corporativa completa (denominación, colores, emblemas).
