Es innegable que el gobierno del presidente Luis Abinader enfrentó, de manera exitosa, los retos que, en materia de prevención y respuesta, le plantearon el país las intensas lluvias que el huracán Melissa nos dejó en su paso por las cercanías de nuestras costas.
El liderazgo presidencial y su apoyo a los diferentes organismos técnicos y de socorro, fue fundamental para que se minimizarán la muertes y los heridos por los eventos asociados a los aguaceros.
Sin embargo, los daños a las propiedades inmobiliarias y bienes muebles han sido incalculables. Muchos dominicanos han perdido todos los ajuares de su casa, otros los bienes que salían a vender a las calles y semáforos.
Las grandes infraestructuras del país es innegable que resistieron las lluvias que, sin embargo, no tuvieron ningún tipo de clemencia contra miles de dominicanos que viven en barrios marginados, campos o en las cercanías de arroyos y cañadas.
El parque industrial y hotelero no sufrió daños, pero las viviendas de muchos empleados de esas empresas fueron perjudicados por las inundaciones.
O sea, que muchos dominicanos -quién sabe cuántos- viven una emergencia, en una de las acepciones que la Real Academia de la Lengua le asigna a esta palabra: situación de peligro o desastre que requiere una acción rápida.
Sí, es así. Muchas familiares perdieron todos o una buena parte de sus viejas, mientras otras se enfrentan a los riesgos sanitarios que se derivan de las inundaciones.
Y eso, el Estado, en colaboración con el sector privado, como en muchos otros temas, lo debe enfrentar, dar respuesta, mitigar. Porque la emergencia humana, la emergencia de la gente no aguarda, mucho menos apuesta, al mañana.
