Bogotá, (EFE).- La Defensoría del Pueblo de Colombia expresó este jueves su «profunda indignación, consternación y tristeza» por la crisis «estructural» del sistema carcelario que atraviesa el país, tras un incendio en el que murieron siete detenidos en la estación de Policía de Funza, en el céntrico departamento de Cundinamarca.
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«Ninguna persona bajo custodia del Estado debe morir ni ser sometida a condiciones que pongan en riesgo su vida, su integridad o su dignidad», expresó la entidad en un comunicado.
La organización subrayó que lo ocurrido no puede verse como un hecho aislado sino como una «señal de alarma» que refleja «vulneraciones sistemáticas» de derechos humanos en estos espacios de reclusión.
El incendio en la estación policial de Funza se produjo la noche del martes, tras una discusión entre detenidos que prendieron fuego a colchones, lo que generó una densa humareda que causó la muerte de seis internos en el lugar y posteriormente de un séptimo en el hospital.
Otras cinco personas permanecen en Unidades de Cuidados Intensivos y tres policías también resultaron afectados por la inhalación de gases, según reportaron las autoridades locales.
La Defensoría responsabilizó a la «inacción histórica» de entidades territoriales por «no construir ni suscribir convenios» con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), entidad pública colombiana encargada de las cárceles.
Según la información, la ausencia de planes para el «traslado oportuno de personas privadas de la libertad» es lo que ha derivado en hacinamiento y condiciones indignas en estaciones de Policía.
«La inacción no puede seguir siendo la respuesta: su costo son vidas humanas», alertó la institución.
Las cárceles colombianas tienen un alto porcentaje de hacinamiento, por lo que los detenidos son enviados a estaciones de policía o a otros lugares de la Fiscalía mientras se define su situación judicial.
Según cifras de la Corporación Excelencia en la Justicia, el sistema penitenciario del país cuenta con un total de 82.052 cupos, pero hay 103.706 personas privadas de libertad, lo que supone un hacinamiento del 26,4 %. EFE
