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viernes 31, octubre, 2025

Jueza Yanibet Rivas conocerá caso de Hugo Beras y Jochi Gómez por red de corrupción en el Intrant

Santo Domingo.– La jueza Yanibet Rivas, del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, fue designada para conocer las audiencias preliminares contra Hugo Beras y José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez), acusados de integrar una red de corrupción vinculada al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant).

La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) presentó cargos contra diez personas físicas y siete empresas, en el marco de la operación Camaleón, por delitos que incluyen estafa al Estado, lavado de activos, sabotaje tecnológico y terrorismo.

Entre los imputados figuran exfuncionarios del Intrant, como Beras, Gómez Canaán, Pedro Vinicio Padovani Báez, Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, Frank Díaz Warden, Juan Francisco Álvarez Carbuccia y Carlos José Peguero Vargas. También fueron acusados Mariano Gustini, Manuel Mora Vázquez y Henry Darío Féliz Casso.

Las empresas señaladas son Transcore Latam S.R.L., Aurix S.A.S., Inprosol S.R.L., OML Inversiones S.R.L., PagoRD Xchange S.R.L., Industria Soltex Dominicana S.R.L. y Dekolor S.R.L.

Según el Ministerio Público, el esquema delictivo operó principalmente desde el Intrant y el Ministerio de Defensa, mediante contratos irregulares que permitieron el desvío de fondos públicos, manipulación de sistemas semafóricos y control de infraestructura crítica.

Gómez Canaán es señalado como eje central del entramado, con vínculos operativos y financieros con las empresas involucradas. Beras habría facilitado adjudicaciones fraudulentas y manipulado sistemas de videovigilancia. Otros imputados participaron en falsificación de certificaciones, licitaciones amañadas y lavado de activos.

La acusación incluye violaciones a la Constitución, el Código Penal, la Ley de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, la Ley de Lavado de Activos, la Ley de Terrorismo y la Ley de Control de Armas, entre otras normativas.

En octubre de 2024, el caso fue declarado complejo por la jueza Fátima Veloz, quien impuso medidas de coerción a varios de los imputados.

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