Santo Domingo. – El presidente de la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, Francisco A. Jerez Mena, afirmó que el Poder Judicial de la República Dominicana ratifica su compromiso con los países centroamericanos y del Caribe en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
Aseguró que esos delitos dan apariencia de licitud a operaciones fundamentalmente ilícitas y permean las estructuras formales de la economía y del sistema democrático, socavando su legitimidad y afectando directamente el bienestar de la población.
El magistrado ofreció estas declaraciones durante su participación en el encuentro realizado para la presentación del diagnóstico regional sobre “Lavado de Activos en Centroamérica y El Caribe”, celebrado este martes 28 de septiembre de manera presencial y virtual, desde San José Costa Rica.
Este producto forma parte del proyecto “Lucha contra la Legitimación de Capitales y Financiamiento al terrorismo: Una necesidad impostergable en la región de Centroamérica y del Caribe”, que se realiza desde el Consejo Judicial Centroamericano y el Caribe con el apoyo del Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado (EL PACTO).
En ese sentido, Jerez Mena manifestó que «a través de los años nuestro país ha logrado mejorar los indicadores de cumplimiento de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en materia de lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo”.
“A este respecto, los informes de evaluación mutua revelan que, mientras en el año 2006 solo siete de las 40 recomendaciones se encontraban en el grado de ´cumplidor´ o ´mayoritariamente cumplidor´, para el año 2018, treinta y tres (33) de estas recomendaciones se encontraban en el referido rango; siendo incluida una más a través del instrumento de seguimiento del año 2019. Esto representa una diferencia al alza de 27 recomendaciones en los últimos 13 años”, señaló.
Explicó que, aún con los avances exhibidos hoy día, se debe continuar fortaleciendo la capacidad de respuesta ante la realidad de que el cáncer del crimen organizado se mueve con astucia y audacia, haciendo metástasis en el tejido económico.
«Es un deber y un compromiso de todas y todos, sin barreras geográficas, sin fronteras, pues solo el trabajo coordinado de nuestros países puede viabilizar una mejor y mayor respuesta en aspectos como la prevención y el combate al blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo”, afirmó.
Dijo que la República Dominicana consagra constitucionalmente la posibilidad de decomisar, a través de los llamados juicios de extinción de dominio, aquellos bienes declarados de origen ilícito, logrando así que el propietario pierda el dominio o propiedad de la cosa.
En ese orden, agregó que actualmente se encuentra en proceso de discusión ante el Poder Legislativo una normativa legal que regule esta figura, bajo la expectativa de aprobarse próximamente.
Además del magistrado Jerez Mena, en la reunión también participó la magistrada Sarah Veras Almánzar, de la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo e integrante del Grupo Especializado de Trabajo (GET) de Combate al Delito-República Dominicana.
