La Junta Central Electoral (JCE), expresó este martes su preocupación por la modificación aprobada en el Senado a la Ley No. 15-19, Orgánica de Régimen Electoral, debido a que “aspectos medulares del sistema electoral que no fueron objeto de reforma”.
El órgano electoral denunció que en lugar de reducirse los topes de gastos de campaña, se mantuvieron igual a como están instituidos en la Ley vigente.
“Que tampoco se establece la obligación de presentar informes de gastos a cargo de las candidaturas ni sanciones a la violación de los topes y el incumplimiento a la presentación de informes, lo que de haberse aprobado contribuiría con: (a) disminuir la incidencia de los intereses privados en la representación popular; (b) crear condiciones de equidad en la contienda; y (c) facilitar la fiscalización de los recursos utilizados en campaña”, explicó.
Sin embargo, en un documento leído por el presidente de la JCE, Román Jáquez Liranzo, reconoció que “fue acogida una importante cantidad de aspectos, dentro de los cuales se encuentran los siguientes: i) inclusión de un catálogo de principios rectores del proceso electoral, lo cual contribuirá a una administración electoral mucho más eficaz, así como a un adecuado entendimiento y comprensión de los aspectos fundamentales que caracterizan lo electoral; ii) fueron acogidas las propuestas que hizo este órgano en torno al régimen de plazos legales, que incluye la regulación de la campaña electoral, lo cual dotará de mayor certeza cada una de las etapas electorales”
También que el Senado acogió la propuesta de reforma al régimen sancionatorio, en la cual se hizo una reclasificación de las penas, según el nivel de gravedad.
“Se incluyeron nuevas infracciones como la violencia política contra la mujer y el crimen contra la integridad de las elecciones; v) se acogió la propuesta sobre el rol del Ministerio Público en la persecución de las infracciones electorales; vi) fueron acogidas las sugerencias que hizo este órgano en torno a la actualización de la ley, en cumplimiento de las decisiones dictadas, tanto por el Tribunal Constitucional como por el Tribunal Superior Electoral”, añadió dentro de los aspectos positivos.
