Santo Domingo.- Los asesores financieros Jairo González Durán y su socio Kelmin Santos Rodríguez fueron condenados a indemnizar a 287 víctimas, con pagos individuales que van de RD$700,000 hasta RD$37 millones, lo que asciende a un monto por encima de RD$890 millones.
Gonzáles Durán y Santos Rodriguez operaban una empresa que captaba recursos para realizar supuestas inversiones, logrando defraudar a cientos de personas.
La suma más recurrente fue de RD$2 millones, mientras que algunas indemnizaciones alcanzan RD$31, RD$33 y RD$37 millones, entre las más altas dictadas por un tribunal dominicano en casos de estafa. El promedio de las indemnizaciones es de RD$3 millones.
González Durán asumirá más de RD$466 millones, mientras que Santos Rodríguez deberá cubrir alrededor de RD$424 millones, aunque ambos pagos se harán de manera independiente.
El Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional también condenó a González Durán, fundador de Harvest Trading Cap, a ocho años de prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, tras hallarlo culpable de asociación de malhechores, estafa por falsa calidad y ejercicio ilícito de actividades propias del mercado de valores. Además, se le impuso una multa de 300 salarios mínimos del sector financiero.
El rol de Santos y su condena suspendida
En el mismo proceso, Santos Rodríguez fue hallado culpable y condenado a cinco años de prisión, aunque con suspensión total de la pena, bajo estrictas reglas de conducta. Entre ellas figuran residir en un domicilio fijo, no portar armas, abstenerse de consumir alcohol en exceso, realizar 60 horas de trabajo comunitario, aprender un oficio y permanecer bajo supervisión judicial.
Pese a no cumplir prisión efectiva, Santos deberá responder en conjunto con González por numerosas indemnizaciones, lo que significa que cualquiera de los dos puede ser requerido a pagar la totalidad de las sumas solidarias.
Cómo operó el esquema fraudulento
Según el tribunal, González y Santos crearon y operaron Harvest Trading Cap con el objetivo de captar fondos de inversionistas, ofreciendo supuestas operaciones en «valores virtuales» y productos financieros, sin autorización ni supervisión de las autoridades competentes.
Para dar apariencia de legalidad, presentaban contratos con terminología propia del mercado de valores, un domicilio social y formalidades societarias, lo que generó confianza en las víctimas. Sin embargo, el esquema no contaba con registro ni permisos, y los fondos captados fueron desviados, configurando la estafa.
Absoluciones y rechazos de decomisos
Mientras González y Santos fueron condenados, los coimputados William Mejía Martínez, Moisés Darío González Rodríguez y Leandro González Espinal fueron absueltos por insuficiencia de pruebas.
En cuanto a bienes, el tribunal ordenó el decomiso de activos específicos vinculados al fraude, pero rechazó la confiscación de propiedades y vehículos pertenecientes a terceros no responsables, entre ellos un apartamento en el Condominio Brandon XVII y vehículos de alta gama como un Audi Q8 y un Chevrolet Tahoe.
