Santo Domingo.- Las nuevas medidas migratorias anunciadas por el presidente Luis Abinader han generado reacciones mixtas entre distintos sectores de la sociedad dominicana. Mientras sectores nacionalistas celebran las disposiciones como un paso firme hacia la protección de la soberanía nacional, organizaciones pro derechos humanos y ciudadanos haitianos residentes en el país expresan temores ante posibles atropellos y la falta de un plan claro para manejar sus bienes adquiridos legalmente.
Entre las disposiciones están el endurecimiento de sanciones contra quienes faciliten la migración irregular, el aumento de deportaciones, mayor presencia militar en la frontera, y vigilancia en hospitales, obras de construcción y zonas rurales. También se prevé la creación de una Procuraduría Especializada en Asuntos Migratorios, y la exigencia de documentos a migrantes que busquen atención médica en hospitales públicos a partir del 21 de abril.
El Instituto Duartiano aplaudió las decisiones del Ejecutivo y pidió que se mantengan en el tiempo. “Ustedes son testigos de que muchas veces se anuncian medidas, se aplican los primeros días y luego se inaplican«, advirtió Wilson Gómez, vicepresidente de la entidad.
En contraste, defensores de migrantes, como William Charpentier, coordinador de la Mesa Nacional para las Migraciones, alertaron sobre el riesgo de que las medidas terminen por criminalizar la condición migratoria irregular. “Corremos el riesgo de que migrantes tanto regulares como irregulares tengan miedo de ir a hospitales y se pueden morir, perder su vida, por temor a que los deporten”, expresó.
En las calles, muchos dominicanos valoraron positivamente el refuerzo del control migratorio. “Yo lo veo bien, que el jefe del Estado esté tomando una decisión tan atinada”, dijo José Rosario, residente en la capital. Otro ciudadano, Eduardo Pimentel, sostuvo que “hay que buscar la forma de sacarlos, los que no están legal”.
Pero desde la comunidad haitiana, las preocupaciones son otras. Algunos se preguntan qué pasará con los bienes que han adquirido en República Dominicana en caso de ser repatriados. “Si tengo un documento, tengo derecho a comprar un motor, un carro, una casa… no pueden decir de un día a otro váyase, el gobierno debe dar tiempo o comprar lo que uno tiene”, opinó Geronimo Sainluk, nacional haitiano.
Guelson Mesilien, también haitiano, consideró que antes de deportar a una persona deben evaluarse los años de residencia y el patrimonio acumulado. “¿Lo que le pertenece a quién le queda, a la población o al gobierno?”, cuestionó.
Otros pidieron que se respete la dignidad de quienes han trabajado por años en el país. “Todo el que está viejo, que se ha matado trabajando desde chiquito hasta grande, no nos pueden pagar con mal agradecimiento así«, expresó Roberto Pastor.
Entre las 15 medidas anunciadas también se incluye la dominicanización del empleo mediante aumentos salariales en zonas francas y turismo, sanciones para quienes alquilen a migrantes irregulares, así como nuevas oficinas migratorias en todas las provincias y un observatorio independiente liderado por el periodista Miguel Franjul.
Ahora el reto del gobierno será garantizar que estas decisiones no vulneren derechos fundamentales, al tiempo que buscan controlar la migración irregular y responder a una presión social creciente por una política migratoria más estricta.
