Santo Domingo.- El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) vuelve a acaparar titulares, esta vez tras un informe preliminar emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) que advierte sobre presuntas violaciones a la normativa vigente en tres procesos de licitación pública realizados en 2024 para la adquisición de utilería escolar.
Como respuesta inmediata a las irregularidades detectadas, la entidad pública informó que se dispuso de inmediato la suspensión de certificación de contratos con las empresas involucradas.
De igual forma informó que se ha iniciado el proceso legal para cancelar alrededor de 20 contratos adjudicados a distintos oferentes. Además, se dispuso la cancelación de 9 colaboradores que participaron en las licitaciones, entre ellos, los peritos responsables de las evaluaciones técnicas, dijo la entidad mediante un comunicado.
Así mismo, el Inabie aseguró que mantiene su compromiso con la transparencia institucional, y reafirmó su disposición de colaborar plenamente con las autoridades durante el desarrollo de las indagatorias.
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Sobre las licitaciones cuestionadas
Sobre las violaciones a Ley 10-07 de Control Interno y a la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas INABIE-CCC-LPN-2024-0008, INABIE-CCC-LPN-2024-0010 e INABIE-CCC-LPN-2024-0012 relacionados a la utilería escolar, la entidad reveló que desde su dirección ejecutiva se le solicitó a la DGCP y a ProCompetencia el acompañamiento para investigar posibles irregularidades.
Según la entidad estas irregularidades fueron detectadas de forma preliminar.
En su comunicado el Inabie destacó que hasta el momento las evaluaciones realizadas a los procesos no han evidenciado afectación de derechos, ni se han recibido ningún tipo de impugnaciones por parte de los oferentes ni en la institución ni en la propia DGCP.
La institución destacó que no se ha efectuado ningún desembolso económico vinculado a los contratos de empresas denunciadas en estos procesos, en salvaguarda de los recursos públicos.
¿Qué encontró la DGCP?
El informe preliminar detalla múltiples irregularidades, entre ellas:
- Fexibilización indebida de criterios de evaluación, la omisión de firmas y documentos obligatorios.
- Medidas excepcionales que permitieron la participación de empresas inicialmente descalificadas o no habilitadas.
- Una «preocupante falta de uniformidad en los plazos del cronograma«.
- Indicios relevantes que apuntan a la existencia de conflictos de interés y posibles prácticas anticompetitivas.
- Participación directa o indirecta de servidores públicos en la manipulación de decisiones técnicas y administrativas.
- Una deficiente conformación del Comité de Compras y Contrataciones, así como insuficiencias en la documentación de los contratos registrados.
- Inconsistencias entre los informes preliminares y los definitivos, sin documentación que justifique las variaciones.
- Modificaciones no autorizadas, sustituciones o posibles falsificaciones de informes periciales.
Lo que dijo la DGCP sobre estos hallazgos
Mediante una nota de prensa la entidad dirigida por Carlos Pimentel destacó que estos hallazgos comprometen los principios de equidad, libre competencia y transparencia que deben regir las contrataciones públicas y constituyen una infracción a la normativa vigente, por lo que también serán remitidos a las autoridades competentes para su investigación especializada, incluida la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (ProCompetencia).
Por otra parte, se recordó que la Dirección General de Contrataciones Públicas recomendó suspender el registro y procesamiento de cientos de contratos y la ejecución de pagos vinculados a estos hasta que concluyan las investigaciones en curso.
Finalmente la entidad dijo que el expediente completo ha sido remitido a la Procuraduría General de la República para los fines legales correspondientes.
