Santo Domingo.- Dos de los principales imputados del caso Odebrecht restaron mérito a los argumentos del Ministerio Público durante la conclusión de la presentación de pruebas contra los seis encartados, donde el empresario Ángel Rondón y el exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa insistieron en que la audiencia fue más de lo mismo, con una exposición acusadora alegadamente llena de falsedades y hasta errores matemáticos.
A la salida de la audiencia del caso que se encuentra en su etapa final, el principal imputado, Ángel Rondón, declaró que no hubo ninguna prueba contundente en su contra durante la conclusión de la presentación de pruebas del Ministerio Público.
Sin embargo, precisó que de entre lo expuesto por los fiscales sólo sobresale un cheque de 1.75 millones de pesos a nombre de una cuñada del también imputado Juan Roberto Rodríguez, exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), el cual dijo que se lo entregó supuestamente por «asuntos personales», siete años después de Rodríguez asumir funciones en la mencionada entidad.
«El Ministerio Público puede hasta pedir cadena perpetua para nosotros, porque es el estilo del Ministerio Público, ese es su papel, de pedir el máximo o la pena que ellos entiendan. Ahora, yo sigo insistiendo en que las pruebas que se han presentado ahí… pruebas como diría el Ministerio Público: contundentes, contra mí. No la han habido. Contra mí han habido dos pruebas, digamos… si pudiera llamársele así, con relación a Roberto Rodríguez, es un cheque de un millón setenta y cinco a la cuñada de Roberto Rodríguez que fue por asuntos personales, siete años después de él haber dejado la función», dijo Rondón.
De su lado, el exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa, acusó a los fiscales de presentarse en la corte a mentir sobre temas relacionados con el enriquecimiento ilícito y su declaración jurada de bienes, además de asegurar que los argumentos de éstos carecen de rigor y adolecen de errores matemáticos «de ellos».
«O sea, este es un Ministerio Público que lo que vive es diciendo mentiras y se paran ahí y dicen que el Ministerio Público cumplió, pero con una acusación que hizo Jean Alain, que está preso por obstrucción de justicia. Piden la incautación de bienes, que son descabelladas, piden la incautación de mi casa que la hice en el 92 y yo viene a ser funcionario público 13 años después, o sea, es una locura, porque aquí no hay régimen de consecuencia, ellos se paran ahí y hablan, dicen que se sienten orgullosos de estar defendiendo una porquería de acusación, que su jefa de hoy dijo que no servía», expresó Díaz Rúa.
Asimismo dijo que «simplemente es más de lo mismo, se para un fiscal a decir mentiras. Por ejemplo a mi me tocó el fiscal… primero la fiscal Isis G. De La Cruz, dijo una sarta de disparates en cuanto al tema del enriquecimiento ilícito y la declaración jurada, que lo que está llena es de errores de ellos matemáticos, mezcló números ahí que ellos mismos no sé de donde los sacaron, pero nosotros se los vamos a destruir pronto».
«Después vino Marmolejos y se refirió específicamente a dos temas, el tema de la Carretera del Coral, con Conarrado Pittaluga, lo repitió y lo repitió, un tema que nosotros lo hemos demostrado varias veces. Por qué. Primero: la Carretera del Coral se la ganó Moya en el 2001, en el 2002 se la adjudicaron y no se pudo hacer y en el 2006 antes de yo llegar a Obras Públicas ellos se asocian con Odebrecht. Hay dos memorándums de entendimiento, pero además él mismo lo dijo, o sea, por qué a mí hay que sobornarme por una carretera que no se la di yo, que se asociaron ellos con Moya, por motus propio, que yo no existía en Obras Públicas», dijo.
No obstante, el Ministerio Público aseguró que la responsabilidad de los imputados quedó demostrada en cada uno de los elementos de prueba, «con esa unión armónica que realizamos de las pruebas, pruebas que este equipo del Ministerio Público presentó durante ocho meses de audiencia en los tribunales y que inequivocamente conducirán a la condena de los imputados».
Además de los dos mencionados aquí, están encartados en el caso el abogado Conrado Pittaluga Arzeno; el ingeniero Roberto Rodríguez Hernández; Porfirio Andrés Bautista García, expresidente del Senado, y Tommy Alberto Galán Grullón, exsenador de San Cristóbal.
