Santo Domingo.- El Tercer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional impuso arresto domiciliario e impedimento de salida del país a los esposos Bélgica Báez de la Rosa y José Horacio Vicioso, integrantes de una empresa dedicada a la comercialización de criptomonedas, por su vinculación a una supuesta estafa que supera los 2 millones de dólares y afecta a 113 personas.
La decisión fue adoptada este miércoles por el juez Amaury Martínez, quien además levantó la declaratoria de rebeldía contra ambos imputados tras su arresto en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana, donde fueron capturados, informó el Ministerio Público en una nota.
La investigación, dirigida por la procuradora fiscal titular de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros, Elizabeth Tucent Hiraldo, ha establecido que los imputados incurrieron en delitos de estafa, asociación de malhechores y lavado de activos.
Báez de la Rosa es la madre del principal imputado Luis Alejandro Lantigua Báez, quien se encuentra prófugo, mientras que Horacio Vicioso es su padrastro.
El Ministerio Público recordó que, en abril pasado, el mismo tribunal dictó auto de apertura a juicio contra el socio gerente Juan Diego Toribio Mejía y Samil José Abad de la Rosa, este último extraditado desde Colombia en enero, gracias a una solicitud de cooperación judicial internacional formulada por la fiscal Tucent Hiraldo.
También, están vinculados al caso Yoima Guzmán Contreras y Harold Martínez Hernández, quienes enfrentan diversas medidas de coerción, así como Luis Napoleón Grano de Oro Sepúlveda, quien continúa prófugo.
Los implicados lograron captar de las víctimas un total de 2,493,933 dólares y 7,250,500 pesos mediante maniobras supuestamente fraudulentas.
De acuerdo a la acusación, el presunto grupo criminal estructuró un entramado a través de las sociedades HDLS Digital Kingdom Investment Group y Digicoop, utilizando medios electrónicos, informáticos, telemáticos y de telecomunicaciones para cometer la estafa y lavar los fondos provenientes del delito.
Los inversionistas recibían la promesa de rendimientos superiores al mercado bajo contratos que garantizaban el retorno del capital; sin embargo, posteriormente los obligaban a abrir cuentas en Digicoop como condición para mantener las inversiones.
