Estados Unidos, la nación que erigió su identidad sobre la Primera Enmienda y la promesa de libertad, está construyendo silenciosamente un sistema que redefine el concepto de democracia. La pregunta que te tienes que hacer, ¿estamos copiando de china?, o dejaremos la democracia que tantos nos han hablado de las libertades, o nos estamos transformando a una supuesta nueva democracia. Totalitarismo Democrático.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha desplegado un nuevo programa de vigilancia digital impulsado por inteligencia artificial, capaz de monitorear a millones de usuarios en redes sociales en tiempo real. Un salto sin precedente y que podría violar los principios de la constitución estadounidense.
La vigilancia masiva en redes sociales, especialmente cuando se usa para crear perfiles políticos o ideológicos de individuos, inhibe el ejercicio de la libertad de expresión al generar un “efecto disuasorio” (chilling effect).
Cuando un ciudadano teme que sus publicaciones puedan ser interpretadas como subversivas o “riesgosas”, se autocensura. Esto no es una limitación formal, sino una coerción psicológica, igual de efectiva para debilitar el debate público.
La propia Corte Suprema de EE. UU., en el caso NAACP v. Alabama (1958), determinó que obligar a revelar listas de miembros de asociaciones civiles violaba la libertad de expresión y asociación.
La vigilancia algorítmica de ICE reproduce ese mismo patrón, pero con herramientas infinitamente más invasivas: hace visible lo íntimo, cuantificable lo ideológico y predecible lo emocional.
La pregunta es, a donde dejarán la famosa Cuarta Enmienda que protege contra “registros e incautaciones irrazonables” sin orden judicial ni causa probable. Lo que representa la destrucción de una una enmienda de gran utilidad.
Sin embargo, ICE, el DHS y la NSA han desarrollado programas que colectan y analizan información personal sin orden judicial, amparándose en la ambigüedad de que los datos “públicos” en redes sociales no requieren autorización.
El problema jurídico surge porque la recopilación masiva y automatizada de datos excede cualquier “expectativa razonable de privacidad”.
La doctrina del tercer interesado (Third-Party Doctrine), establecida en Smith v. Maryland (1979), fue reinterpretada en la era digital, pero la Corte Suprema en Carpenter v. United States (2018) reconoció que los registros masivos de localización sí requieren orden judicial.
Por analogía, el análisis algorítmico de publicaciones, ubicaciones y relaciones sociales podría considerarse una forma de registro sin causa probable, violando la Cuarta Enmienda.
El contrato, valorado en US$5.7 millones y firmado con la compañía Zignal Labs a través del contratista Carahsoft Technology, dota a ICE de una plataforma con capacidades sin precedentes: analizar más de 8 mil millones de publicaciones diarias en más de 100 idiomas, utilizando algoritmos de aprendizaje automático, visión por computadora y reconocimiento óptico de caracteres (OCR).
Zignal Labs define su sistema como una herramienta de “inteligencia narrativa en tiempo real” capaz de detectar patrones, emociones y comportamientos de riesgo en redes sociales. Sin embargo, en manos de una agencia de control migratorio, esta promesa tecnológica se transforma en un mecanismo de vigilancia masiva con potencial para afectar derechos fundamentales.
El sistema puede crear perfiles completos de usuarios desde su ubicación geográfica hasta sus afinidades políticas, religiosas o emocionales y generar “flujos de detección curados”, que ICE puede usar para identificar posibles objetivos de deportación o investigación.
El debido proceso y trato igualitario
Debo recordarle la Quinta y Decimocuarta Enmiendas Cuando ICE usa inteligencia artificial para determinar perfiles de “riesgo migratorio” o para negar beneficios, asilo o ciudadanía basados en comportamiento digital, se vulnera el principio de debido proceso.
La Constitución prohíbe que el Estado prive a una persona de “vida, libertad o propiedad sin el debido proceso legal”.
Los algoritmos de Zignal Labs y otros contratistas no son auditables ni transparentes, lo que impide al ciudadano defenderse de una decisión automatizada que puede afectar su estatus migratorio o sus derechos civiles.
Esto constituye lo que algunos juristas llaman “proceso sin juez”, donde la máquina reemplaza a la ley y el código informático sustituye a la deliberación judicial.
Además, cuando la vigilancia se concentra en comunidades específicas como los latinoamericanos o a los estadounidenses musulmanes, se viola el principio de igualdad ante la ley, consagrado en la Decimocuarta Enmienda
El arsenal invisible: una infraestructura de control digital
Los registros federales de gasto muestran que solo en septiembre, ICE firmó US$1.4 mil millones en nuevos contratos tecnológicos, el mayor desembolso en 18 años.
Entre ellos se incluyen aplicaciones de escaneo de iris, software para hackear teléfonos inteligentes y sistemas de rastreo sin orden judicial, capaces de monitorear la actividad de un teléfono incluso cuando está apagado.
Documentos obtenidos por Wired revelan que ICE planea crear equipos de monitoreo de redes sociales las 24 horas del día, con cerca de 30 contratistas encargados de rastrear plataformas como Facebook, TikTok, Instagram, X, Reddit y YouTube desde instalaciones en Vermont y California.
El objetivo declarado: convertir publicaciones personales en “pistas accionables” para operaciones de deportación.
Para Will Owen, del Surveillance Technology Oversight Project, la magnitud de este programa marca una nueva era:
“ICE es una agencia sin ley. Usará la inteligencia artificial no solo para perseguir inmigrantes, sino para intimidar a activistas y periodistas que denuncian sus abusos. Este es un asalto a nuestra democracia, financiado con los impuestos de los ciudadanos.”
Bajo sospecha: los latinoamericanos en el radar de la IA
Ningún grupo social ha sido más afectado por esta expansión del control digital que los latinoamericanos en Estados Unidos.
La nueva generación de algoritmos de ICE prioriza perfiles basados en lengua, geolocalización y comportamiento digital, lo que significa que las publicaciones en español o en dialectos latinos se someten a análisis especiales bajo el supuesto de detectar “indicadores de riesgo migratorio”.
Activistas de derechos humanos advierten que estas herramientas no solo identifican a personas en situación irregular, sino que rastrean y clasifican las interacciones de comunidades enteras y sobre todo de ciudadanos estadounidenses de decencia de América Latina o Española.
Las bases de datos integran información de fuentes privadas —como Thomson Reuters y LexisNexis— que venden perfiles digitales con hasta 10,000 datos individuales por persona, incluyendo historial médico, ingresos, antecedentes escolares y afinidades ideológicas.
De esta manera, ICE ha convertido las redes sociales en un mapa sociopolítico de la población latina.
Las publicaciones sobre temas sensibles como migración, derechos laborales, religión o críticas al gobierno estadounidense pueden bastar para incluir a un individuo en una lista de “interés operativo”.
En 2025, el relanzamiento del programa bajo la administración de Donald Trump ha intensificado esta vigilancia.
El discurso oficial enfatiza la seguridad fronteriza, pero en la práctica, se han registrado casos de detenciones de personas identificadas por su actividad digital, especialmente de origen mexicano, salvadoreño y dominicano.
Los defensores de derechos civiles sostienen que los algoritmos replican sesgos raciales y culturales, amplificando la discriminación estructural bajo una apariencia de objetividad tecnológica.
Pero lo que muchos no están viendo es que en las elecciones pasadas del 2024 los latinos elegibles alcanzaron 36.2 millones, lo que supuso 14.7 % del total de los electores en EE.UU. y para el 2028 representarán los electores. 41.8 millones elegibles latinos, entonces los latinos podrían llegar a representar cerca del 16 % del electorado elegible. La población latina en EE.UU. es más joven, lo cual genera una “influencia de la mayoría de edad” más fuerte que otros grupos más envejecidos. Si se unifica este 16 % del electorado elegible, ya estamos hablando de un factor estructural en la competencia electoral nacional.
Si el bloque latino mejora su movilización respecto a años anteriores, podría ejercer un efecto “multiplicador”: no sólo volumen, sino también mayor influencia de temas, presencia mediática, campañas focalizadas. Esto nos indica que en las elecciones muy reñidas, un cambio de tan solo unos puntos de ese segmento puede inclinar estados-clave (Arizona, Nevada, Florida, Texas, Carolina del Norte). Pongamos de ejemplo en Texas, para 2028 podrían representar posiblemente entre 35 – 40 % del electorado elegible, o un poco más, asumiendo buen crecimiento y movilización. Los latinos deciden quién ganará las elecciones del 2028.
La comunidad dominicana: libertad bajo sospecha
En el caso de la comunidad dominicana una de las más activas y conectadas digitalmente en EE. UU. la vigilancia digital tiene un impacto silencioso pero profundo.
Los dominicanos representan una porción creciente de los usuarios hispanos en redes sociales, y su participación política y cultural se ha fortalecido en los últimos años.
Sin embargo, los sistemas de análisis de ICE y del Departamento de Seguridad Nacional han identificado ciertos patrones de “activismo transnacional” como posibles “indicadores de riesgo de radicalización o manipulación extranjera”.
Esto incluye interacciones en torno a temas como reforma migratoria, justicia social o denuncias de abusos policiales.
En Nueva York, Nueva Jersey y la Florida, líderes comunitarios dominicanos han denunciado una sensación creciente de autocensura:
“Sabemos que nos observan. Cuando opinas sobre política o inmigración, temes que lo usen en tu contra si buscas la residencia o la ciudadanía”, comenta una activista dominicana de Washington Heights bajo anonimato.
La vigilancia digital se traduce así en un efecto inhibidor sobre la participación cívica, erosionando lentamente la confianza que sustenta a las comunidades migrantes.
El sistema global: del Media Monitoring Services al Global Engagement Center
El nuevo aparato de ICE no surgió de la nada. Forma parte de una red más amplia de vigilancia institucionalizada dentro del gobierno estadounidense.
En abril de 2018, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) publicó la licitación Media Monitoring Services (MMS), cuyo objetivo era crear una base de datos de periodistas, editores, influencers y blogueros en todo el mundo.
El documento oficial establecía la meta de monitorear 290,000 fuentes informativas en más de 100 idiomas, con traducción automática al inglés, disponible para consulta 24/7.
La ACLU y el Electronic Privacy Information Center (EPIC) presentaron demandas FOIA para exigir transparencia sobre los métodos de recolección y almacenamiento de datos.
Aunque el gobierno nunca reveló el monto total del contrato, los documentos filtrados mostraban la ambición de un sistema global de rastreo mediático capaz de identificar tendencias, narrativas y opiniones críticas hacia EE. UU.
En paralelo, el Departamento de Estado desarrolló su propio frente informativo a través del Global Engagement Center (GEC), creado para combatir la desinformación extranjera, pero que terminó monitoreando audiencias internacionales incluyendo periodistas e influenciadores en nombre de una supuesta seguridad informativa.
El GEC administró contratos con firmas privadas de análisis y destinó más de US$ 1.6 millones en servicios de monitoreo y asesoría, según informes del Inspector General del Departamento de Estado.
Estos antecedentes revelan que el programa de ICE no es un caso aislado, sino una pieza dentro de un ecosistema estatal de observación global, donde la frontera entre la inteligencia estratégica y la vigilancia civil se difumina peligrosamente. Es aplicar lo que le critican a los que hace a los chinos en China, pero esto es a nivel global.
Europa y América Latina: espejos del poder digital
Mientras Estados Unidos expande su aparato de control, Europa intenta erigir barreras legales.
El Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) impone límites estrictos a la recopilación de información personal y reconoce la privacidad como un derecho humano esencial.
Sin embargo, incluso en la Unión Europea han emergido escándalos de espionaje como el Pegasus-Gate, donde varios gobiernos utilizaron software israelí para espiar a periodistas y opositores.
En América Latina, la vigilancia estatal avanza en paralelo, pero con menos controles.
México, El Salvador, República Dominicana y Colombia han sido escenario de operaciones encubiertas con el spyware Pegasus, mientras las instituciones de control se mantienen débiles.
En muchos casos, los gobiernos invocan la lucha contra el crimen o el terrorismo para justificar prácticas de espionaje político y ciudadano que generan opinines.
Estas dinámicas reflejan una misma tensión global: el uso de la tecnología no como herramienta de libertad, sino como mecanismo de dominación y control narrativo.
República Dominicana: la vigilancia sin rostro
En la República Dominicana, la digitalización del Estado avanza con rapidez con cédulas inteligentes, sistemas biométricos, chatbots públicos y acuerdos extraños como el NVIDIA (contrato confidencial), pero sin un marco moderno de protección de datos.
El país carece de una ley robusta y de una autoridad independiente que garantice la privacidad ciudadana frente al uso de tecnologías de inteligencia artificial.
Esta ausencia de regulación abre un riesgo crítico: que la información recopilada por el Estado, empresas o partidos políticos sea usada con fines de vigilancia política o manipulación social.
El país está a tiempo de evitar ese destino, pero la experiencia estadounidense muestra que una vez que el Estado obtiene poder de observación, rara vez renuncia a él. Lo que invita a dejar la democracia moderna a que se convierta en una democracia totalitaria, un tipo de régimen político que, a pesar de asumir la forma o el lenguaje de la democracia, adopta una lógica política que se acerca peligrosamente al totalitarismo clásico.
Libertad bajo algoritmo: el dilema moral del siglo
El auge de la vigilancia digital marca un punto de inflexión histórico.
La seguridad, convertida en religión de Estado, ha redefinido las prioridades de la democracia liberal.
Lo que comenzó como un esfuerzo por prevenir amenazas externas se ha transformado en un sistema que vigila a sus propios ciudadanos en busca de pensamientos disidentes, es decir, que no sigue al rebaño obediente, que no piensa, no opina y acepta todo.
Los algoritmos de inteligencia artificial no solo observan: aprenden, predicen y clasifican.
Y en ese proceso, la libertad se convierte en una variable estadística.
Una sociedad que internaliza la idea de ser observada deja de ser plenamente libre: se autocensura, se modera, deja de imaginar y calla por temor.
Para los latinoamericanos, españoles y dominicanos en EE. UU., la vigilancia digital significa vivir entre dos mundos: el de la oportunidad y el del escrutinio permanente.
Sus rostros, voces y opiniones capturadas por sistemas que prometen seguridad son también los insumos de una maquinaria que mide la obediencia y castiga la diferencia.
El nuevo contrato social de la era digital
En la era del algoritmo, la libertad ya no se pierde con una dictadura, sino con un clic.
El Estado, antes un guardián visible, se ha vuelto una presencia invisible incrustada en la nube, capaz de anticipar nuestros miedos, deseos y opiniones.
Si no existen límites claros, la seguridad dejará de ser una promesa y se convertirá en el argumento perfecto para justificar el control total. Es dejar de ser un Estados Unidos que defiende sus ideales constitucionales y democráticos. A copiar exactamente a la China que tanto critica; aun puede parecer en una paralelo imaginario, pero parece casi una verdad absoluta.
Vigilar a los vigilantes se convierte entonces en la condición esencial para que la libertad sobreviva.
Porque un mundo donde todos somos observados, pero nadie observa al poder, es un mundo que ya ha olvidado lo que significa ser libre.
Nunca podemos olvidar estas palabras
“Aquellos que renuncian a la libertad esencial para obtener una pequeña seguridad temporal no merecen ni libertad ni seguridad.” Benjamin Franklin
Y también, como escribió Alexis de Tocqueville en La Democracia en América:
“Nada es más peligroso que el poder absoluto ejercido en nombre del pueblo.”
Porque si el ojo que todo lo ve pertenece al Estado y no al ciudadano, la república de la libertad habrá terminado su ciclo.
El futuro dependerá de si tenemos el coraje de cerrar ese ojo antes de que sea demasiado tarde. Ya que estamos muy cerca de ver en América el Totalitarismo Democrático absoluto.
Fuentes consultadas:
- U.S. Department of Homeland Security, Media Monitoring Services (MMS) Solicitation, April 2018.
- U.S. Immigration and Customs Enforcement, Contract with Zignal Labs via Carahsoft Technology, septiembre 2025.
- Wired y The Verge, reportes sobre expansión de vigilancia social por ICE (octubre 2025).
- The Guardian, documentos sobre la relación ICE–Palantir Technologies.
- Department of State – Global Engagement Center (GEC), informes del Inspector General (2020–2023).
- Electronic Privacy Information Center (EPIC) y American Civil Liberties Union (ACLU), demandas FOIA 2018–2021.
- Freedom House y Civicus, Informes sobre libertad digital 2024–2025.
Por: Pavel De Camps Vargas
Aspirante a ser un periodista especializado, Analista de Social Media, de inteligencia artificial, medios y amante de las libertades públicas.
La vida es corta, pero la inspiración que tuve al visitar la ruta de la democracia de Estados Unidos y su historia, más la historia de los libertadores de la República Dominicana me motiva a decir grandes verdades que aun tu no has podido ver. La democracia aun con sus fortaleza y debilidades sigue siendo el mejor modelo a seguir.
