Santo Domingo.- El Ministerio Público reveló que en el Seguro Nacional de Salud ocurrió un desvío de RD$1,482 millones mediante cobros indebidos por vacunación, a través de una estructura que infló estadísticas, manipuló contrataciones y facturó dosis que nunca fueron aplicadas, según el expediente de la Operación Cobra.
La investigación detalla que la red aprovechó el Programa Nacional de Vacunación, donde entre 2021 y septiembre de 2025 el gasto se disparó tras elevarse de 2 a 20 los centros privados autorizados, un cambio que abrió la puerta a pagos irregulares y a un uso masivo de autorizaciones médicas sin justificación.
El MP sostiene que todo se originó en 2020, cuando el entonces director Santiago Hazim creó un Comité de Contrataciones Médicas sin base legal, lo que permitió integrar prestadores privados que cobraron RD$200 por cada vacuna, pese a que las dosis del PAI son gratuitas para toda la población.
Las auditorías revelan sobrefacturación por vacunas aplicadas fuera de rango de edad, como la DPT en mayores de 7 años, además de facturación desagregada, reclamaciones sin firmas o con datos manipulados y casos confirmados de vacunas cobradas, pero no aplicadas, verificados por tarjetas y testimonios de afiliados.
Tres centros privados concentraron el 81% de todos los pagos realizados por SENASA durante el período investigado: Escudea Centro de Vacunación Infantil, INMUSAN e Kids Lab Center, según los documentos depositados ante el tribunal.
Un informe de SISALRIL también detectó diferencias de 13% entre lo pagado y lo realmente autorizado, además de reclamaciones por vacunación desde centros no autorizados, incluyendo clínicas odontológicas y diagnósticas, por más de RD$3.5 millones.
El Ministerio Público concluye que el esquema causó un daño millonario al patrimonio público, afectando directamente a los sectores más vulnerables dependientes de la salud preventiva, mientras los 10 imputados volverán este jueves ante la jueza de Atención Permanente para el conocimiento de coerción.
