El gobierno pasó de las palabras a la acción este viernes ante la provocación de haitianos que continúan la construcción de un canal en el río Masacre, una obra sobre la que el Gobierno dominicano afirma viola el derecho internacional.
Ante la crisis que ha generado la situación, representantes de organizaciones defensoras de la patria dominicana se han pronunciado al respecto, advirtiendo sobre la amenaza que desde hace tiempo representa la fragilidad en la frontera y el flujo de inmigrantes haitianos ilegales en República Dominicana.
En tanto que el exsecretario de las Fuerzas Armadas, José Miguel Soto Jiménez, considera que el problema no debe ser politizado y que el gobierno tiene la responsabilidad de resguardar el territorio dominicano. Además, insistió en el dialogo y la concertación para disuadir la crisis.
Mientras que defensores de los derechos de los inmigrantes, apelan a que el problema se resuelva por la vía diplomática y advierten sobre el impacto que tiene para ambos países, en especial para Haití cuyos habitantes atraviesan una crisis de violencia, inseguridad, alimentaria y de salud por el control que tienen las bandas criminales en ese país.
Zoom del conflicto
El conflicto por la construcción de la toma de agua comenzó su escalada a principios de septiembre cuando el Gobierno dominicano exigía la paralización de la obra que, según respondieron las autoridades de Haití, es una iniciativa privada que nada tiene que ver con el Gobierno.
La confirmación del bloqueo fronterizo -marítimo, terrestre y aéreo- por parte del presidente Abinader se produjo el jueves mientras se desarrollaba una reunión de la Comisión Binacional convocada para resolver la situación por la vía del diálogo, conversaciones que se iniciaron en la víspera.
La medida se prolongará «el tiempo que sea necesario para que esa acción, esa provocación, sea eliminada», dijo el mandatario dominicano, en referencia al canal que, según sus propias palabras, se está ejecutando de manera informal y artesanal.
Además, se decretó la prohibición de entrada al país de nueve haitianos, entre ellos exfuncionarios, antiguos legisladores y el considerado «patrocinador» del canal objeto de polémica, Camiel Samson, y la Junta de Aviación Civil dominicana anunció la suspensión de todas las operaciones aéreas de carga y pasajeros desde y hacia Haití
Ante estas acciones, Haití defendió su soberanía sobre la explotación de sus recursos naturales, por lo que, «al igual que la República Dominicana, con la que comparte el río Masacre, tiene pleno derecho a realizar capturas (tomas de agua) allí, de conformidad con el acuerdo (bilateral) de 1929», texto al que las autoridades dominicanas han aludido en todo momento para señalar la ilegitimidad de las obras.
A continuación, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Haití citó al embajador dominicano Miguel Faruk para una reunión este viernes 15 en la sede de la Cancillería, previsiblemente para abordar este asunto, aunque desde la cancillería haitiana no han dado información sobre el encuentro
