Santo Domingo, RD.- Esmirna Giselle Méndez Álvarez, Tania Aydees Yunes Sánchez y Jissel Yomaris Naranjo Tejada son las tres juezas que tienen en sus manos decidir el futuro de los imputados del caso Odebrecht, uno de los procesos contra la corrupción más importantes de República Dominicana.
Las magistradas tienen previsto determinar hoy a las 3:00 de la tarde si los acusados de recibir y distribuir los US$92 millones en sobornos que la empresa brasileña admitió que pagó para ser adjudicada con obras del Estado son culpables o inocentes.
Juntas integran el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional y todas han participado en juicios relevantes contra el crimen organizado, el narcotráfico, el lavado de activos y fraudes bancarios.
Sin embargo, su imparcialidad y ética jurídica las ha llevado también a dictar la absolución de algunos acusados cuando las circunstancias lo ameritaron o constataron insuficiencia de pruebas.
El 11 de julio de 2017 condenaron a 30 años de prisión al dirigente del transporte, Blas Peralta, acusado de matar al exrrector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Mateo Aquino Febrillet, el 11 de marzo de 2016.
Por otro lado, impusieron 30 años de prisión a Víctor Alexander Portorreal Mendoza (Chamán Chacra), el 9 de enero de 2019, quien fue acusado del asesinato de su pareja Reyna Isabel Encarnación Morales y tres hijos de la misma en febrero del 2018.
También, el grupo falló contra 5 imputados de la quiebra del Banco Peravia y dictó entre 2 y 7 años de prisión, pero a la vez descargó a 3 involucrados en el proceso que finalizó en junio de 2019.
Imputados Odebrecht
A los seis acusados en el caso Odebrecht se les acusa de delitos de soborno en el comercio, proscripción de la corrupción, lavado de activos, asociación de malhechores, coalición de funcionarios, prevaricación y falsedad en declaración de bienes.
En ese sentido, los fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción (PEPCA) solicitaron al tribunal condena de 10 años de prisión Rondón y Díaz Rúa.
Mientras que para Conrado Pittaluga solicitó siete; y cinco años para Tommy Galán, Andrés Bautista y Juan Roberto Rodríguez; así como el decomiso de todos los bienes a los encartados.
Durante el juicio, los acusados se declararon inocentes, por lo que pidieron a las juezas su absolución del proceso.
No obstante, la PEPCA asegura que ha presentado las pruebas suficientes, sin embargo, durante los debates las juezas rechazaron tomar como pruebas las delaciones premiadas de los ejecutivos de la empresa brasileña, principal arma del órgano acusador.
En marzo del 2021, dos de las juezas fueron recusadas por el Ministerio Público tras alegar que las magistradas Yunes Sánchez y Naranjo Tejada habían adoptado decisiones favorables para los acusados, durante la fase de presentación de testigos.
Posteriormente, la recusación fue rechazada por la Tercera Sala Penal de la Corte de Apelación, la cual dictaminó que las magistradas continuaran conociendo el caso.
