La empresa X, anteriormente conocida como Twitter, inició una batalla judicial contra el estado de California por una ley que exige a las redes sociales a hacer públicas sus políticas internas de moderación en un esfuerzo por reducir el discurso de odio, la desinformación, el acoso y por eliminar el abuso sexual de menores.
La tecnológica ha acudido a los tribunales con el argumento de que la norma promulgada en septiembre del pasado año 2022 viola la protección a la primera enmienda constitucional, el derecho a la libre expresión de ideas, o a quedarse callado, ante lo que el Estado considera ”dañino u ofensivo”.
X presentó su demanda el viernes en un tribunal de Sacramento, la capital de California. En el documento, argumentan que el objetivo real de la norma, conocida como AB 587, es “eliminar” contenido amparado por la primera enmienda que puede ser considerado problemático.
“Los temas sobre los que la ley obliga a hablar en contra de su voluntad son altamente controvertidos y están cargados políticamente”, añade el texto de la demanda. Los límites a estas temáticas han sido impuestos por creencias partidistas, añade la tecnológica.
“Las redes sociales son frecuentemente criticadas, sin importar lo que hagan, por individuos en ambos bandos, demócratas y republicanos, por las decisiones editoriales que pueden entras en estas categorías mal definidas”, señalan.
La ley tiene su origen en California como una reacción a la toma del Capitolio de enero de 2021 por simpatizantes de Donal Trump.
La norma exige que las compañías entreguen a partir de enero próximo informes detallados a la Fiscalía donde hagan públicas las medidas que toman para moderar el debate en línea. Esto requiere comunicar si la vigilancia queda a cargo de la inteligencia artificial o cómo se procede ante las ofensas o amenazas. Las compañías que no entreguen estos informes pueden ser multadas.
